Familiares de presos políticos en Venezuela pidieron a Estados Unidos que interceda por su liberación

Familiares de presos políticos en Venezuela exigieron este lunes la intervención directa de Washington para lograr la liberación de sus seres queridos, en una protesta frente a la embajada de Estados Unidos en Caracas.

Los manifestantes aseguraron que no abandonarán el lugar hasta ser recibidos por el encargado de negocios John Barrett y obtener una respuesta concreta. Según Foro Penal, organización no gubernamental venezolana, más de 400 presos políticos continúan recluidos en el país, entre ellos 39 con doble nacionalidad o de origen extranjero.

La presidenta encargada Delcy Rodríguez asumió el poder tras la captura de Nicolás Maduro en un operativo estadounidense en enero. En febrero impulsó una ley de amnistía que, según organizaciones de derechos humanos, no se ha traducido en liberaciones efectivas. Los familiares denuncian que la mandataria y su hermano, el presidente del Parlamento Jorge Rodríguez, anuncian excarcelaciones “con la finalidad de que la comunidad internacional crea que ya todos los presos políticos han sido liberados”.

“Ya no vamos a aceptar que nos sigan engañando con promesas vacías”, declaró Francis Quiñones, madre del sargento segundo Jonathan Franco Quiñones. “No tienen consideración, juegan con nuestras ansias de libertad”, añadió.

Desde el domingo, una veintena de personas levantó una carpa a unos 50 metros de la legación diplomática y colocó carteles con los nombres de las cárceles donde están recluidos sus familiares. Un funcionario de seguridad se acercó al grupo, pidió paciencia y confirmó que había transmitido sus demandas a sus superiores, aunque advirtió que la respuesta podría llegar "en horas" o “en una o dos semanas“.

Mayra Morales, hermana de otro detenido, dijo confiar en el apoyo de Washington. “Las autoridades venezolanas nos han mentido tanto“, señaló.

La semana pasada, organizaciones de derechos humanos denunciaron el traslado de detenidos desde El Helicoide —sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) en Caracas, señalada como centro de torturas durante el mandato de Maduro— a otros centros penitenciarios. Los grupos denunciantes criticaron además la falta de información sobre su destino.

Varios de los manifestantes se habían concentrado previamente frente a ese recinto antes de trasladar su protesta a la embajada. Delcy Rodríguez había ordenado en enero convertir el recinto en un centro social y deportivo. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, declaró igualmente que había sido cerrado.

En mayo, el presidente Donald Trump afirmó que su gobierno se aseguraría de liberar a todos los encarcelados por motivos políticos en Venezuela.

La activista Gabriela Álvarez, de la ONG Comité para la Libertad de los Presos Políticos, denunció que agentes de seguridad venezolanos hostigaron a vecinos que asistieron al grupo durante la vigilia. “Están siendo perseguidos por cuerpos represivos del Estado”, advirtió. Entre los afectados, una persona que les permitió cargar teléfonos, les facilitó un baño, les proporcionó café y mantas.

“El objetivo es quedarnos acá hasta que tengamos una respuesta positiva”, afirmó Quiñones, cuyo hijo está vinculado a la operación Gedeón, una incursión marítima de 2020 que el gobierno de la época atribuyó a un intento de derrocar a Maduro.

(Con información de EFE y AFP)