Delcy Rodríguez repite la fórmula de Chávez para tomar el control del Tribunal Supremo de Justicia

La historia se repite. Hace 22 años, Hugo Chávez impulsó una reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para ampliar el número de magistrados de 20 a 32.

Tras un cambio que en 2022 redujo la cantidad a la veintena original, la presidenta encargada Delcy Rodríguez promueve ahora una nueva modificación para volver a los 32, blindando la mayoría chavista en una institución clave para el control del poder en Venezuela.

¿Por qué Chávez incrementó el número de miembros de la Sala Plena? El 11 de abril de 2002, el difunto comandante sufrió un golpe de Estado que lo sacó de Miraflores por unas 48 horas.

En agosto de ese mismo año, con una votación de 11 a 9, la mayoría del máximo juzgado determinó que el hecho no había sido una rebelión sino un “vacío de poder” que se había provocado por la supuesta renuncia del Presidente, lo que exoneraba a los jefes militares involucrados de ser procesados.

El líder revolucionario montó en cólera. “Esos 11 magistrados que votaron a favor de esa decisión no tienen moral, son unos inmorales. Lo que pusieron fue una plasta”, bramó.

En ese momento sobre el TSJ ejercía una gran influencia Luis Miquilena, mentor del propio Chávez y quien desde la presidencia de la Asamblea Nacional Constituyente había intervenido directamente en la “remodelación” de los poderes públicos. Miquilena rompió públicamente con Chávez el mismo 11 de abril.

Tan pronto se alteró la composición del máximo juzgado, en marzo de 2005, la Sala Constitucional anuló el fallo que había favorecido a los oficiales relacionados con el golpe.

Alineados

En 2022, el chavismo decidió regresar a los 20 magistrados en el TSJ “a los fines de fortalecer su eficiencia, eficacia y efectividad en la administración de justicia”, según plasmaron en la exposición de motivos de la reforma de la ley.

El resultado de esta transformación fue un máximo juzgado hecho a la imagen y semejanza de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, denunciaron actores políticos y organizaciones civiles. Varios de los jueces tenían vínculos directos con la pareja presidencial, incluidos los presidentes de las salas Social, Edgar Gavidia Rodríguez, y Penal, Elsa Gómez, el primero hermano del ex esposo de Flores y la segunda tía de la ex esposa de un hijo de Flores.

El ataque de Estados Unidos del 3 de enero, que concluyó con la captura de Maduro y Flores, ha dado pie a un “nuevo momento político”, en palabras de Delcy Rodríguez. Esta etapa vendría marcada por la renovación de las instituciones. La Asamblea Nacional ya nombró a un nuevo fiscal general, Larry Devoe, ficha cercana a la mandataria interina, que reemplazó en el cargo a Tarek William Saab, fiel a Maduro.

Si hace cuatro años el chavismo justificó la disminución de magistrados invocando “eficiencia, eficacia y efectividad”, en estos momentos aúpan el aumento declarando que es “una medida estratégica para robustecer la seguridad jurídica, asegurar la celeridad en la resolución de causas y consolidar un sistema que proteja con mayor eficacia los derechos y garantías de todos los ciudadanos”.

No más

“Se plantea nuevamente elevar el número de magistrados a 32, un cambio meramente cuantitativo que no implica una reforma significativa en un Poder Judicial que ni es autónomo ni es independiente”, reaccionó la ONG Acceso a la Justicia tras conocer el proyecto aprobado en primera discusión por el Parlamento de mayoría oficialista.

Esta asociación civil recuerda que “varias veces se ha cambiado la composición del TSJ y la situación de la justicia no ha hecho sino empeorar: ¿por qué ahora sería diferente?”. “Aumentar el número de magistrados no es la solución a los gravísimos problemas del Poder Judicial, la solución es elegir magistrados imparciales”, sostiene.

En la misma línea, la ONG Provea expresa tajante: “No necesitamos más magistrados en el TSJ”. “Necesitamos que actúen con independencia, apegados a la Constitución y con su obligación de garantizar justicia conforme al derecho”, exige Provea, al advertir que “una reforma que no parta de estos principios no transforma el sistema, lo maquilla”.

Nuevos jefes

La fracción opositora en el Parlamento dijo verse sorprendida por la propuesta chavista, entregada apenas una hora antes de la primera discusión que se llevó a cabo el martes 5 de mayo.

“Claro que debemos avanzar hacia una reforma del sistema judicial venezolano, pero esa transformación tiene que construirse con responsabilidad, equilibrio y absoluto respeto constitucional”, manifestó el diputado Stalin González, jefe de la bancada que salvó su voto.

El abogado y profesor universitario Rafael Chavero Gazdik observó que “el aumento o reducción de magistrados del TSJ debe atender a criterios técnicos y estadísticos serios” como “número de sentencias, plazos de decisión y causas pendientes, entre otros. Nada de eso vimos en el debate de la AN”.

Chavero Gazdik alerta que este movimiento promovido por Delcy Rodríguez “huele a un nuevo ‘court-packing’”, término que se refiere a la manipulación del número de jueces para favorecer al gobierno en funciones.