La líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, expresó su agradecimiento al secretario general de la OEA, Albert Ramdin, por su llamado a favor de la liberación de los presos políticos en Venezuela. Según la ONG Foro Penal, en el país hay 454 personas detenidas por razones políticas.
Desde su cuenta en X, Machado manifestó que el “desmantelamiento de la represión es indispensable para alcanzar una genuina transición a la democracia y a la libertad en Venezuela”.
Machado sostuvo que “los más de 500 presos políticos, civiles y militares que mantiene tras las rejas el régimen deben ser liberados, y debe garantizarse la libertad plena, sin restricciones, de cada uno de los venezolanos que fueron secuestrados por razones políticas”.
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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunció ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) la detención de personas por motivos políticos en Venezuela y reclamó su liberación inmediata.
La secretaria ejecutiva de la CIDH, Tania Reneaum, afirmó ante el Consejo Permanente de la OEA: “La democracia no es un adorno del sistema interamericano, es su condición de posibilidad y la privación arbitraria de la libertad por motivos políticos es una de las expresiones más graves del derrumbe del Estado de derecho en Venezuela”.
Por su parte, Albert Ramdin instó a las autoridades venezolanas a acelerar la liberación incondicional de todas las personas detenidas por motivos políticos. “Toda persona detenida por sus posiciones y opiniones políticas representa un obstáculo para la misma estabilidad democrática y el progreso que la región necesita”, expresó.
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Respecto a la ley de amnistía aprobada en febrero, Reneaum reconoció que esta excluye formalmente graves violaciones de derechos humanos, aunque advirtió sobre artículos que, en su opinión, podrían emplearse contra opositores y condicionar futuros procesos de rendición de cuentas.
Reneaum señaló que, pese a que las autoridades reportan más de 8.000 beneficiarios de la ley, las organizaciones civiles solo registran 186 personas con libertad plena y otras 554 bajo medidas cautelares, situación que calificó de “libertad vigilada”.
El Gobierno de Venezuela suele referirse a estas personas como “políticos presos”, argumentando que están encarceladas por la comisión de delitos, una postura rechazada por diversas organizaciones no gubernamentales y partidos opositores.
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