
El opositor venezolano Edmundo González Urrutia reapareció este martes en redes sociales para anunciar su recuperación tras varias semanas de baja médica que lo apartaron de los actos de la premio Nobel de la Paz María Corina Machado durante su visita a España el pasado 18 de abril. “Hace unos días recibí el alta médica. Estoy de vuelta, que no haya dudas”, escribió el ex diplomático, exiliado en Madrid desde septiembre de 2024.
González Urrutia había permanecido hospitalizado como seguimiento de una intervención quirúrgica practicada semanas atrás. Su ausencia en el acto madrileño en que Machado recibió la Medalla de Oro de la Comunidad de Madrid fue uno de los episodios más notorios. En su lugar asistió su hija al encuentro, al que acudieron miles de venezolanos residentes en España.
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El ex diplomático aprovechó su reaparición para criticar en tres frentes la situación en Venezuela: la crisis económica, el proceso judicial de Nicolás Maduro en Estados Unidos y la aplicación real de la ley de amnistía. Sobre lo primero, lamentó que “la inflación sigue devorando a los venezolanos”, en alusión a una crisis que desde 2013 ha acumulado una de las contracciones más severas registradas en tiempos de paz en América Latina.
Su segunda crítica apuntó a Washington. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos emitió el 25 de abril licencias que autorizan al régimen venezolano a sufragar los honorarios de los abogados defensores de Maduro y su esposa, Cilia Flores, en el proceso por narcoterrorismo que ambos afrontan en Nueva York. Maduro, de 63 años, y Flores, de 69, fueron capturados el 3 de enero en Caracas y se encuentran en una prisión federal de Brooklyn, donde se declararon inocentes de los cargos.
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Sin nombrar directamente a Washington, González Urrutia fue explícito: “Una factura de abogados que algunos contrataron para sus propios problemas y que ahora quieren cobrarle a todos los venezolanos”. La decisión de la OFAC supone un giro de la administración Trump, que había bloqueado esos fondos invocando razones de seguridad nacional. La defensa de Maduro, liderada por el abogado Barry Pollack, argumentó que la restricción violaba la Sexta Enmienda de la Constitución estadounidense, que garantiza el derecho a contar con el abogado de elección.
El tercer eje fue la ley de amnistía promulgada el 19 de febrero por la presidenta encargada Delcy Rodríguez. “Veo una ley de amnistía que murió antes de nacer porque nunca fue su intención que viviera”, afirmó González Urrutia, y añadió que los presos políticos “están en cada conversación que tengo, en cada decisión que tomo, en cada hora que pasa”.
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Los datos respaldan sus reservas. El Parlamento venezolano informó el 22 de abril que 8.616 personas fueron amnistiadas desde la salida de Maduro del poder: solo 314 estaban encarceladas; el resto tenía medidas cautelares como la prohibición de salida del país. Ese mismo día, Foro Penal contabilizó 473 presos políticos aún detenidos —427 hombres, 46 mujeres, 187 militares y un adolescente—, de los cuales 309 permanecen sin condena firme.
La organización documentó que solo 186 excarcelaciones desde el 8 de enero responden directamente a la ley de amnistía, y calificó la norma de “embudo para ralentizar o paralizar” las liberaciones. La ley abarca formalmente 27 años, desde 1999, pero limita sus beneficios a personas vinculadas con 13 hechos específicos, lo que excluye la mayor parte del período chavista y casos de corrupción, homicidio u operaciones militares. Las autoridades tampoco han publicado la lista de beneficiados pese a la solicitud del alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk. González Urrutia retoma su actividad sin que los números de fondo en Caracas hayan variado de forma sustancial.
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