La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) afirmó que 2025 representó el año en que se consolidó un "régimen dictatorial" en Venezuela.
Según el organismo, Nicolás Maduro permaneció en el poder “sin legitimidad democrática” tras un proceso electoral marcado por “denuncias generalizadas de fraude” y “graves violaciones de DDHH”.
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En su informe anual, difundido este jueves, la CIDH remarcó que la investidura de Maduro en enero de 2025 constituyó “un punto de quiebre en la historia política de Venezuela”.
El informe señala que el Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamó ganador a Maduro en las presidenciales de 2024, aunque no publicó las actas de votación como establecía el cronograma, lo que generó denuncias de falta de transparencia.
La Comisión sostuvo que no puede reconocer estos comicios como legítimos desde el punto de vista democrático, debido a la “opacidad electoral, las graves denuncias de fraude y las restricciones sistemáticas a los derechos políticos”.
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“Tales circunstancias reflejan la utilización de un proceso electoral disimulado para proyectar una falsa apariencia de democracia, así como la inexistencia de condiciones mínimas para el ejercicio efectivo de los derechos políticos en Venezuela”, indicó el informe.
El documento también señala que en 2025 ni la Fiscalía ni el Poder Judicial investigaron, juzgaron ni sancionaron los “asesinatos, tratos crueles, inhumanos o degradantes, detenciones arbitrarias y violaciones del debido proceso” relacionados con el proceso electoral de 2024 y la crisis política posterior.
“En 2025, las fuerzas de seguridad del Estado intensificaron la detención arbitraria de personas extranjeras, y con doble nacionalidad, con el aparente propósito de utilizarlas como objeto de canje por personas de nacionalidad venezolana privadas de libertad en el extranjero”, resalta la CIDH.
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El Estado venezolano tampoco ha proporcionado “ninguna información sobre el avance en la investigación, juzgamiento y sanción de las graves violaciones de derechos humanos que ocurrieron en el contexto electoral”. El informe detalla que se registraron 28 asesinatos, 195 heridos y 2.229 detenciones, entre ellas 158 adolescentes.
La CIDH advierte sobre la dificultad para acceder a datos verificables sobre la situación de derechos humanos en Venezuela, debido a la opacidad informativa y la falta de transparencia de las instituciones públicas.
“La información ‘oficial’ disponible es escasa, fragmentaria y, en muchos casos, carente de credibilidad, al responder a fines de propaganda estatal más que a criterios de rendición de cuentas”, añade el informe.
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En función de estos elementos, la CIDH concluyó que en Venezuela se estableció un “régimen dictatorial”, tras el colapso de los derechos humanos, la democracia y el Estado de derecho, resultado de la “cooptación de los poderes públicos” y la “ruptura del orden constitucional”.
El organismo instó a Venezuela a adoptar “medidas institucionales urgentes” para “retornar a la democracia y al Estado de derecho”, y garantizar una “legítima y pacífica sucesión constitucional” que refleje la “voluntad” de los venezolanos expresada en las presidenciales, en las que la mayor coalición opositora sostiene que su candidato, Edmundo González Urrutia, derrotó a Maduro.
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El informe se aprobó el 17 de diciembre de 2025 y el 20 de enero de 2026 se remitió una copia al Estado venezolano. La CIDH indicó que el Gobierno encabezado por Delcy Rodríguez, quien asumió el poder tras la captura de Maduro, no presentó observaciones al respecto.
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