El Parlamento de Venezuela aprobó una nueva prórroga para inscripciones al Tribunal Supremo de Justicia

El Parlamento de Venezuela aprobó una nueva prórroga del plazo de postulaciones a magistrados y otros cargos del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en el marco del proceso de reformas judiciales impulsado por el oficialismo. El Comité de Postulaciones, presidido por el diputado Giuseppe Alessandrello, resolvió extender el periodo de inscripciones hasta el próximo miércoles a las 16:00, hora local, tras registrar más de seiscientos aspirantes.

La Asamblea Nacional inició en mayo el proceso de reforma judicial al modificar la ley del TSJ y establecer que la máxima instancia judicial del país quedará conformada por 32 jueces. La reforma amplió la Sala Constitucional, que pasó a integrar siete magistrados, y elevó a cinco integrantes el resto de las salas. Antes de los cambios, la Sala Constitucional tenía cinco magistrados y las demás salas, tres.

El llamado a postularse se realizó el 22 de mayo y estuvo dirigido a juristas venezolanos interesados en cargos como magistrados del TSJ, inspectores y director de la Escuela Nacional de la Magistratura. La Asamblea Nacional prevé sustituir a ocho magistrados por jubilaciones y renuncias y designar a 12 nuevos, que se sumarán a los doce que continúan en funciones.

El cronograma establece que, una vez concluida la presentación de candidaturas, se abrirá un lapso de 15 días para la recepción de impugnaciones y la evaluación de expedientes. Luego, el comité remitirá al Parlamento la lista de postulantes elegibles, paso previo a la elección definitiva de los nuevos magistrados y otros cargos judiciales por parte de la Asamblea Nacional.

La reforma judicial forma parte de una agenda institucional más amplia promovida por el gobierno venezolano. El 1 de junio, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, inauguró una consulta nacional para reformar la justicia penal. En ese acto, identificó tres problemas del sistema judicial: el retardo procesal, la corrupción y la criminalización de la pobreza. Un primer análisis gubernamental determinó que el 68% de las personas privadas de libertad provienen de estratos sociales y económicos menos favorecidos.

En paralelo, el gobierno avanza con una reestructuración de la administración pública. El jefe de la Comisión Presidencial para la Reestructuración y Reingeniería, Héctor Rodríguez, expuso ante la Asamblea Nacional que el aparato estatal está compuesto por 3,5 millones de empleados públicos, 35 ministerios y 150 viceministerios, además de institutos. Calificó esa estructura como insostenible y señaló que el plan incluye reducción y fusión de ministerios y organismos por superposición de competencias.

Rodríguez agregó que el diagnóstico también revisa el uso de sedes institucionales. Según explicó, se detectaron casos de dependencias que pagan alquileres mientras existen edificios públicos vacíos o subutilizados.

El proceso ocurre en un contexto de protestas y reclamos sociales. En los últimos días, trabajadores sindicalizados se manifestaron frente a la Fiscalía General de la República en Caracas para exigir mejores condiciones laborales y elecciones presidenciales. Delcy Rodríguez, al frente de la presidencia encargada, pidió a su ministro de Educación la elaboración de un plan para adaptar el gobierno a la nueva realidad del país, con la expectativa de presentar propuestas en un plazo máximo de 90 días.

(Con información de EFE)