La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó una nueva ley de minas que habilita la entrada de capital privado y extranjero al sector minero del país. La decisión se tomó en medio de un renovado interés de Estados Unidos en el oro venezolano y tras la flexibilización de restricciones para el comercio de este recurso.
La normativa, que reemplaza la legislación vigente desde hace más de dos décadas, fue sancionada por unanimidad tras un extenso debate en el parlamento controlado por el chavismo.
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La ley de minas, compuesta por 131 artículos, deroga la norma de 1999 instaurada durante el mandato de Hugo Chávez, que establecía un régimen de control estatal sobre los recursos minerales.
Las empresas y consorcios nacionales, estatales y extranjeros podrán explotar oro y otros minerales estratégicos bajo concesiones de hasta 30 años, renovables dos veces por períodos de 10 años.
Entre las disposiciones centrales, la normativa prohíbe que funcionarios públicos y sus familiares participen como accionistas o asociados en cooperativas o sociedades mercantiles que adquieran títulos mineros durante cinco años tras dejar sus cargos. Esta medida, recogida en el artículo 74, busca evitar conflictos de intereses y limitar la influencia directa de autoridades en el sector.
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La ley también contempla la posibilidad de que el Estado se reserve la explotación primaria de minerales radioactivos y su comercialización, si así lo determina el interés público y estratégico. El artículo 124 establece penas de entre 10 y 15 años de prisión para quienes realicen actividades mineras en áreas protegidas bajo régimen especial, asegurando la protección ambiental.
La promulgación de esta legislación responde tanto a la presión internacional como a la urgencia de captar inversión destinada a reactivar la economía venezolana, afectada por años de recesión y la caída de ingresos petroleros.
Durante el régimen de Nicolás Maduro, el desarrollo minero se amplió a más del 10% del territorio nacional, lo que generó un aumento de la minería informal bajo condiciones precarias y la influencia de grupos criminales.
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El Departamento de Estado de Estados Unidos estima que el valor de mercado del oro extraído en Venezuela promedia USD 2.200 millones anuales, aunque el control estatal sobre la actividad ha sido limitado.
La sanción de la ley se produce poco después de la visita a Caracas del secretario de Interior estadounidense, Doug Burgum, quien manifestó el interés de empresas norteamericanas en operar en Venezuela.
Tras ese encuentro, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió una licencia que habilita ciertas actividades relacionadas con la explotación y comercialización de oro venezolano por parte de empresas estadounidenses, siempre que los contratos se rijan por la legislación de Estados Unidos, según Reuters.
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La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, impulsó la iniciativa como parte de una serie de reformas para atraer inversión extranjera y estabilizar la economía nacional.
La reforma a la ley de minas sigue a la modificación de la legislación hidrocarburífera y forma parte de una estrategia para redefinir el papel del Estado en sectores clave.
Rodríguez afirmó que la nueva norma “representa un vehículo para la construcción de la prosperidad futura” y un “instrumento que protege” a los trabajadores mineros.
(Con información de EFE, Reuters y AP)
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