El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, y el defensor del pueblo, Alfredo Ruiz, presentaron este miércoles sus renuncias ante la Asamblea Nacional dominada por el chavismo, poniendo fin a casi una década al frente de dos organismos señalados por su alineamiento con el régimen y su papel en la estructura de control del dictador derrocado Nicolás Maduro.
La secretaria de la Asamblea Nacional, María Alejandra Hernández, comunicó que las cartas de renuncia fueron dirigidas al titular del Legislativo, Jorge Rodríguez.
Minutos después de la renuncia de Saab, el parlamento aprobó designarlo como Defensor del Pueblo encargado.
Al frente de la Fiscalía General quedará de forma temporal el abogado Larry Devoe, actual asesor jurídico del Ministerio del Despacho de la Presidencia y estrecho colaborador de Delcy Rodríguez.
Tarek William Saab, de 63 años, fue designado fiscal general en agosto de 2017, tras la destitución de Luisa Ortega Díaz por la Asamblea Nacional Constituyente. Durante su mandato, Saab se consolidó como una figura del aparato judicial chavista, conocido por encabezar la respuesta estatal ante denuncias de corrupción, operar contra la oposición y justificar detenciones masivas durante protestas ciudadanas.
Saab rechazó de manera reiterada los informes de organismos internacionales y de derechos humanos que, según sus propios comunicados, señalaron la existencia de presos políticos en Venezuela.
“Yo los llamo prisioneros, no les doy ninguna otra etiqueta. Son detenidos por acciones que en su momento fueron documentadas”, aseguró recientemente.
Además de defender la versión chavista, Saab fue el portavoz de las excarcelaciones de enero, declarando que más de 400 medidas de liberación se tramitaron desde finales de diciembre, como parte de las acciones para “garantizar la pacificación total del país”.
En enero de 2026, sostuvo que el Ministerio Público había atendido a más de 4,5 millones de ciudadanos desde 2017, mientras que programas de justicia comunitaria alcanzaron a más de 1,2 millones de personas desde su llegada al cargo.
El defensor del pueblo, Alfredo Ruiz, también formalizó su renuncia, según la comunicación leída en la Asamblea Nacional.
Ruiz, al frente de la Defensoría desde 2017, fue cuestionado por organizaciones civiles y multilaterales por su constante respaldo al régimen chavista y la falta de independencia de la institución.
La permanencia de Saab y Ruiz en la cúpula de estos organismos fue objeto de fuertes críticas por parte de la oposición y la comunidad internacional. Diversos informes y declaraciones públicas pusieron en duda la autonomía de la Fiscalía y la Defensoría, y los señalaron por su papel en la persecución de líderes opositores, la represión de protestas y la falta de garantías procesales para los detenidos en el contexto de la crisis política.
En octubre de 2024, la Asamblea Nacional había ratificado a Saab para un nuevo período, extendiendo su mandato hasta 2031. Sin embargo, la coyuntura tras la captura de Maduro y la instauración del régimen tutelado de Delcy Rodríguez precipitó el retiro de ambos funcionarios.
Durante su tiempo en la Fiscalía, Saab intervino en debates de seguridad y política internacional, defendiendo la postura Nicolás Maduro ante denuncias de violencia y atacando a gobiernos extranjeros en medio de tensiones diplomáticas. En 2025, por ejemplo, confrontó públicamente al presidente chileno Gabriel Boric en medio de disputas bilaterales.
El paso de Saab y Ruiz por estas instituciones queda marcado, según informes de la oposición y de organismos internacionales, por el control oficialista sobre la administración de justicia y la protección de derechos, así como por las sanciones individuales impuestas por Estados Unidos y otros gobiernos en respuesta a su rol en la represión política y la falta de avances democráticos.
La Asamblea Nacional deberá ahora designar autoridades interinas para la Fiscalía y la Defensoría, mientras se inicia el proceso para nombrar nuevos titulares.
La salida de Saab y Ruiz es considerada por diversos sectores como uno de los cambios institucionales más relevantes tras la caída de Maduro y abre interrogantes sobre el futuro del sistema judicial y la vigencia de los derechos fundamentales en Venezuela.
(Con información de EFE y AFP)
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