Más de 100 presos políticos han sido liberados en Venezuela desde el pasado viernes, tras la promulgación de la ley de amnistía aprobada por unanimidad en la Asamblea Nacional. Sin embargo, familiares y organizaciones de derechos humanos denuncian demoras, exclusiones y obstáculos en la aplicación efectiva del beneficio.
La organización no gubernamental Foro Penal confirmó este martes que 109 personas recuperaron la libertad en los últimos días, en un proceso marcado por trabas judiciales y protestas de quienes aún esperan una resolución.
La ley de amnistía, impulsada por la jefa del régimen chavista, Delcy Rodríguez, establece el sobreseimiento de causas penales y la libertad plena para cientos de opositores detenidos desde 1999, además de la regularización de la situación de miles de personas bajo libertad condicional.
Según datos del Foro Penal, siete liberaciones ocurrieron el viernes, 15 el sábado, 46 el domingo y 41 el lunes, sumando 109 excarcelaciones verificadas. A estas se añaden otras 545 desde el 8 de enero, cuando el chavismo anunció el inicio del proceso.
Entre los recién liberados figuran Nelson Piñero, activista de Encuentro Ciudadano detenido en noviembre de 2023 por publicaciones críticas al chavismo, y Lourdes Villareal, docente y ex dirigente sindical vinculada a la oposición.
“Hoy recobro mi libertad, una libertad que nunca debí perder porque fue injusta e ilegal. No cometí ningún delito: opinar no es un delito, pero aún hay muchos presos políticos y muchos cambios pendientes en nuestro país”, expresó Piñero en un mensaje difundido por su partido.
La alegría de las liberaciones contrasta con la frustración de cientos de familiares que permanecen fuera de cárceles como El Rodeo I, cerca de Caracas, donde se mantiene una huelga de hambre de más de 200 detenidos que exigen su inclusión en los beneficios de la amnistía.
“La alimentación de ellos no es la adecuada para aguantar una huelga de hambre”, advirtió Massiel Cordones, madre del militar José Barreno, quien lleva más de cinco años en prisión y fue excluido por su presunta participación en la Operación Gedeón, el intento fallido de incursión armada contra el dictador Nicolás Maduro ocurrido los días 3 y 4 de mayo de 2020. Este caso quedó fuera del alcance de la ley de amnistía.
El Foro Penal y el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPPVE) han registrado numerosos casos en los que los tribunales se niegan a recibir solicitudes de sobreseimiento o dilatan la revisión de expedientes. Abogados defensores denuncian que los jueces con competencia en terrorismo rechazan tramitar las peticiones, mientras la defensa pública muestra criterios dispares.
“Los tribunales que nos judicializaron arbitrariamente siguen siendo nuestros verdugos, no se les puede permitir violentar la ley de amnistía”, reclamó Rodrigo Cabezas, ex ministro de Finanzas y beneficiario de libertad condicional desde 2025, tras ver rechazada su solicitud.
El diputado Stalin González exigió que la ley se cumpla “sin excusas”, advirtiendo que “no es un adorno ni un titular”, sino “una pieza clave de un proceso mayor para reconstruir el país”. Por su parte, Antonio Ecarri, integrante de la comisión encargada de supervisar la aplicación de la amnistía, anunció que solicitará investigar a los jueces que obstaculicen el proceso.
La comisión parlamentaria, presidida por Jorge Arreaza, informó que 2.021 personas fueron beneficiadas con libertad plena tras tener medidas cautelares, mientras 177 presos recibieron la amnistía desde el viernes.
El acceso al beneficio no es automático: cada caso debe ser revisado individualmente por los tribunales, que disponen de un plazo de 15 días para verificar los supuestos de la ley. No obstante, familiares y abogados denuncian que la mayoría de los tribunales sigue sin recibir documentos, lo que genera incertidumbre entre los potenciales beneficiarios.
El sindicato de trabajadores de la prensa reportó que los tribunales especializados en terrorismo no aceptaron solicitudes presentadas por periodistas detenidos, aunque algunos expedientes sí han avanzado gracias a la defensa pública.
Liomary Espina, de 57 años, relató que su solicitud fue recibida por la defensa pública y espera respuesta en tres días hábiles, en contraste con la experiencia de otros solicitantes. La Asamblea Nacional creó una comisión especial para monitorear la aplicación de la ley y revisar casos excluidos, mientras la presión de la sociedad civil y las organizaciones no gubernamentales sigue en aumento.
(Con información de AFP, Europa Press y EFE)
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