El Parlamento de Venezuela, controlado por el chavismo, aprobó este jueves por unanimidad una reforma parcial de la Ley Orgánica de Hidrocarburos que modifica el marco regulatorio del sector petrolero y reduce el control estatal impuesto durante los últimos veinte años.
“Queda sancionada para la historia, para el futuro, para nuestras hijas y nuestros hijos la Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos”, celebró el titular de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez.
“Solo cosas buenas vendrán después del sufrimiento”, agregó.
La iniciativa apunta a crear condiciones más favorables para la inversión privada y extranjera en la principal industria del país, en medio de la crisis económica y el fuerte deterioro de la producción de crudo.
La norma entrará en vigencia una vez que sea promulgada por la jefa del régimen chavista, Delcy Rodríguez, y publicada en la Gaceta Oficial.
Entre los cambios centrales figura la flexibilización de las reglas que rigen la participación de empresas privadas en proyectos petroleros, la posibilidad de reconocer el arbitraje internacional en disputas de inversión y un esquema que permite un pago más directo de regalías al Estado venezolano. Según la información oficial, los inversores asumirán los costos operativos y los riesgos de financiamiento.
El debate legislativo se produjo semanas después de la captura del dictador narco Nicolás Maduro tras una operación militar estadounidense en Caracas. Desde entonces, el gobierno de Estados Unidos ha manifestado su intención de impulsar la recuperación de la industria petrolera venezolana y de garantizar que los ingresos derivados de las exportaciones beneficien a la población.
El presidente Donald Trump firmó recientemente una orden ejecutiva destinada a proteger esos recursos frente a posibles reclamos judiciales de acreedores internacionales.
El régimen de Rodríguez sostiene que la reforma busca atraer capitales que se alejaron del país tras los cambios legales implementados durante el mandato de Hugo Chávez.
“Es una ley clara, con seguridad jurídica, con normas, adaptada a las prácticas internacionales de este sector”, dijo Delcy, quien remarcó que los yacimientos petroleros seguirán siendo propiedad del Estado. “Será respetuosa de la soberanía nacional”, insistió.
El nuevo marco legal intenta revertir el impacto de políticas que otorgaron a la estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) el control mayoritario de los proyectos y limitaron la autonomía de los socios privados.
En 2006, una reforma impulsada por Chávez sustituyó los convenios operativos por empresas mixtas con mayoría estatal, lo que derivó en la salida de compañías como ExxonMobil y ConocoPhillips, que luego acudieron a tribunales internacionales.
Otras firmas, como Chevron, permanecieron en el país bajo condiciones menos favorables.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, valoró el alcance de la reforma durante una comparecencia ante el Congreso.
“Han aprobado una nueva ley de hidrocarburos que, básicamente, elimina muchas de las restricciones de la era de Chávez a la inversión privada en la industria petrolera”, señaló. No obstante, advirtió que “probablemente no sea suficiente para atraer la inversión necesaria, pero supone un gran avance”.
Venezuela posee las mayores reservas probadas de petróleo del mundo, estimadas en unos 303.000 millones de barriles, de acuerdo con la Oficina de Información Energética de Estados Unidos.
A pesar de ese potencial, la producción cayó de manera sostenida en la última década como consecuencia de la falta de inversión, la mala gestión y la corrupción del chavismo. La situación financiera de PDVSA también se vio afectada por una elevada deuda externa y por la caída de los precios del crudo.
Durante su primer mensaje de memoria y cuenta el pasado 15 de enero y tras la presión de Donald Trump, Delcy Rodríguez había anticipado la necesidad de abrir el sector a capitales internacionales para recuperar la capacidad productiva y generar divisas.
La aprobación de la reforma constituye el primer paso legislativo en esa dirección y redefine el marco jurídico de una industria clave para la reconstrucción económica de Venezuela, cuyo desempeño será determinante para el futuro inmediato del país.
(Con información de EFE, AFP y The Associated Press)
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