Detuvieron a dos campesinos en Venezuela por celebrar con disparos la caída de Nicolás Maduro

La ONG Foro Penal denunció que los hermanos, de más de 60 años, fueron arrestados bajo el estado de excepción vigente tras la captura del exmandatario, en un contexto de temor y represión contra expresiones públicas de apoyo a la operación estadounidense

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Policías en motocicleta salen del
Policías en motocicleta salen del centro de detención en Boleíta, a donde fueron llevadas algunas personas detenidas en las recientes protestas, en Caracas, Venezuela, el 1 de agosto del 2024 (AP foto/Matias Delacroix)

Las autoridades venezolanas detuvieron a dos hermanos agricultores de más de 60 años en el estado de Mérida tras celebrar con disparos al aire la caída del dictador chavista Nicolás Maduro, capturado días atrás por fuerzas estadounidenses y trasladado a Nueva York para enfrentar cargos por narcotráfico, según denunció este miércoles la ONG Foro Penal.

Los hombres, de 64 y 65 años, fueron arrestados en la localidad rural de Río Negro, en el occidente del país. De acuerdo con Gonzalo Himiob, vicepresidente de Foro Penal, los hermanos celebraban la salida de Maduro “en estado de ebriedad”, cuando salieron de su vivienda, efectuaron algunos disparos al aire y se burlaron de vecinos identificados con el chavismo, quienes terminaron denunciándolos ante las autoridades.

Himiob describió a los detenidos como “campesinos humildes” y explicó que las armas utilizadas eran escopetas u otros dispositivos habituales en fincas y propiedades rurales venezolanas, donde la tenencia de armas para actividades agropecuarias ha sido históricamente tolerada, aunque su uso está estrictamente regulado. “Estamos a la espera de saber si serán presentados ante un tribunal y bajo qué cargos concretos”, añadió el abogado, citado por AFP.

Las detenciones se produjeron en el marco del estado de excepción decretado tras la operación militar estadounidense que derivó en la captura de Maduro. Ese decreto amplía de forma significativa las facultades de las fuerzas de seguridad y prevé sanciones penales para quienes respalden, justifiquen o celebren públicamente la intervención de Estados Unidos en territorio venezolano.

El caso se convierte así en uno de los primeros episodios represivos documentados desde que Delcy Rodríguez asumió como presidenta interina, tras la salida forzada de Maduro. Washington ha señalado que está dispuesto a colaborar con su administración de transición, una posición reiterada por el presidente Donald Trump, siempre que el nuevo gobierno cumpla las condiciones impuestas por Estados Unidos en materia política y de seguridad.

Los dos campesino detenidos (Instagram
Los dos campesino detenidos (Instagram Poli Estado Merida/@polimeridaoficial)

Foro Penal, una de las principales organizaciones de derechos humanos del país, contabiliza actualmente 806 personas detenidas por motivos políticos en Venezuela. La cifra incluye militares, dirigentes opositores, activistas sociales y ciudadanos arrestados en protestas o por manifestar opiniones contrarias al chavismo, según informes periódicos del propio Foro y de organismos internacionales como Naciones Unidas.

La detención de los dos agricultores se inscribe en un clima de fuerte tensión social. Aunque una parte significativa de la población celebra en privado la caída de Maduro tras casi 13 años en el poder, el temor a represalias sigue siendo elevado. En 2024, miles de personas fueron arrestadas durante protestas opositoras posteriores a unas elecciones presidenciales que el chavismo ganó en medio de denuncias generalizadas de fraude por parte de la oposición y de gobiernos occidentales.

Desde la captura de Maduro se han registrado manifestaciones casi diarias en respaldo al chavismo y a sus antiguos líderes, particularmente en zonas populares y rurales donde el oficialismo mantiene estructuras de control político y social. En contraste, no se han observado movilizaciones masivas de la oposición, debilitada tras años de persecución, exilio de dirigentes y fracturas internas, y marginada del actual proceso de transición pactado con Washington.

Organizaciones de derechos humanos advierten que el uso del estado de excepción para castigar expresiones individuales, incluso cuando incluyen conductas sancionables como el uso indebido de armas, puede profundizar la criminalización de la disidencia y consolidar prácticas represivas heredadas del régimen anterior. El caso de los dos hermanos de Mérida, subrayan, refleja hasta qué punto el miedo sigue condicionando la expresión pública en un país que, pese al cambio abrupto en la cúpula del poder, continúa bajo un esquema de control extraordinario.