
Un menor de 17 años fue condenado por el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela a 10 años de prisión tras ser hallado culpable de terrorismo, incitación al odio y cierre de vías públicas, según denunció este miércoles el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPP). La organización calificó la decisión como una sentencia “aberrante e injusta” y expresó preocupaciones sobre el respeto a los derechos fundamentales de los adolescentes en el país.
El CLIPP informó a través de su cuenta en X que la condena se dictó el este martes e implica seis años de prisión y cuatro de trabajo comunitario para el joven. La ONG subrayó que, a su juicio, “no existe una sola prueba sólida” que sustente las acusaciones contra el menor, denunciando la debilidad de los elementos aportados a la causa.
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La organización sostuvo que la resolución judicial “viola de forma flagrante” el principio del interés superior del niño, recogido en el artículo 8 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente de Venezuela, el cual obliga al Estado a priorizar protección, educación y desarrollo integral por encima del castigo. El organismo agregó que el fallo afecta “el derecho a la libertad personal (artículo 33)”, por derivar de una presunta detención arbitraria, y “el derecho a la educación (artículo 37)”, pues interrumpe la continuidad académica y universitaria del adolescente.

El CLIPP identificó al menor como “estudiante, pelotero, aprendiz panadero” y explicó que fue arrestado el 9 de enero, un día antes de la investidura inconstitucional del dictadir Nicolás Maduro. El hecho coincidió con una convocatoria realizada por la líder opositora María Corina Machado a manifestarse en defensa del triunfo que, aseguró, obtuvo Edmundo González Urrutia —actualmente exiliado— en las elecciones presidenciales, resultado desconocido oficialmente por el ente electoral. El comité sostuvo que la detención fue “arbitraria y sin orden judicial”, atribuida únicamente a la “apariencia y vestimenta deportiva” del adolescente, bajo la presunción de portar “pinta de guarimbero” (manifestante violento).
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En cuanto al contexto general, la ONG Foro Penal indicó que en Venezuela existen actualmente 893 presos políticos, de los cuales 889 son adultos y otros 4 son menores de entre 14 y 17 años. No obstante, tanto el Gobierno como la Fiscalía han reiterado que no existen detenidos por causas políticas en el país, argumentando que las personas privadas de libertad han cometido delitos. Diversas ONG y partidos opositores rechazan esta versión oficial, insistiendo en la naturaleza política de parte de los encarcelamientos.
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