La oposición de Venezuela rechazó la agresión de la dictadura chavista contra el cardenal Baltazar Porras: “Es un atropello”

La Plataforma Unitaria Democrática exigió la devolución inmediata del pasaporte del religioso y su derecho a desplazarse libremente dentro y fuera del país

El cardenal Baltazar Porras llega a una reunión de la congregación general antes del cónclave para elegir al próximo Papa, visto desde Roma, Italia, 6 de mayo de 2025 (REUTERS/Hannah McKay)
El cardenal Baltazar Porras llega a una reunión de la congregación general antes del cónclave para elegir al próximo Papa, visto desde Roma, Italia, 6 de mayo de 2025 (REUTERS/Hannah McKay)
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La oposición mayoritaria de Venezuela, agrupada en la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), condenó este miércoles lo que describió como una “agresión” del régimen de Nicolás Maduro contra el cardenal Baltazar Porras, cuyo pasaporte fue anulado por funcionarios migratorios cuando intentaba viajar desde el Aeropuerto Internacional de Maiquetía hacia Colombia, con destino final España. El bloque opositor exigió la devolución inmediata del documento y el cese de las restricciones a su movilidad.

En una publicación en X, la PUD sostuvo que el episodio se suma a “las últimas acciones en su contra y, por tanto, en contra del pueblo católico”, en referencia al creciente número de obstáculos que el cardenal ha enfrentado en sus desplazamientos dentro y fuera del país. La coalición responsabilizó al régimen por el uso de mecanismos administrativos con fines de intimidación política.

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Porras, uno de los líderes más visibles de la Iglesia venezolana y crítico del poder desde el púlpito, ofreció un relato detallado de lo ocurrido en un mensaje difundido en sus redes sociales. Explicó que, al llegar al control migratorio, un oficial le informó que “tenía que consultar” si su pasaporte estaba vigente. Poco después, se le comunicó que el documento “presentaba problemas” y que desde el aeropuerto no podían autorizar su salida.

El cardenal agregó que fue instruido a regresar a Caracas para acudir a la sede principal del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime). Sin embargo, denunció que no le devolvieron el pasaporte, lo que le impide realizar cualquier gestión formal. Según su testimonio, un militar lo acompañó de manera permanente, incluso hasta el baño, mientras intentaba recuperar su equipaje.

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El cardenal Baltazar Enrique Porras Cardozo llega a una reunión de la congregación general en el Vaticano, visto desde Roma, Italia, el 30 de abril de 2025 (REUTERS/Amanda Perobelli)
El cardenal Baltazar Enrique Porras Cardozo llega a una reunión de la congregación general en el Vaticano, visto desde Roma, Italia, el 30 de abril de 2025 (REUTERS/Amanda Perobelli)

Porras aseguró que, cuando intentó fotografiar el documento en el que se alegaba un supuesto “incumplimiento de normas para viajar”, fue amenazado con ser detenido si insistía. Finalmente, abandonó el aeropuerto sin su pasaporte y regresó a su residencia en Caracas, después de que personal del servicio de información le sugiriera que no continuara buscando respuestas en Maiquetía.

No es la primera vez que Porras enfrenta impedimentos para viajar. En octubre denunció que militares le bloquearon el paso hacia Isnotú, en el estado Trujillo, donde iba a participar en una misa por el natalicio del médico José Gregorio Hernández, el primer santo venezolano. En aquella ocasión, funcionarios armados rodearon al cardenal después de informarle de una supuesta suspensión del vuelo inicialmente previsto.

A lo largo de su trayectoria, Porras ha sido objeto de cuestionamientos desde el oficialismo. Tanto Hugo Chávez como Nicolás Maduro lo señalaron en múltiples oportunidades como un adversario político, pese a su rol estrictamente eclesial. Desde su nombramiento como cardenal en 2016, ha mantenido una postura abiertamente crítica frente a la degradación institucional, la pobreza y la militarización del Estado.

Organizaciones de derechos humanos advierten que la anulación de pasaportes y la imposición de restricciones de movilidad constituyen una forma de represión administrativa que busca limitar la visibilidad y capacidad de acción de voces disidentes. El caso de Porras refuerza las preocupaciones sobre el uso del aparato migratorio como herramienta de control político en un contexto de creciente aislamiento internacional del régimen.

Para la oposición, el incidente representa una señal de que el régimen de Maduro continúa endureciendo su estrategia de presión contra sectores religiosos que mantienen influencia social amplia, particularmente en momentos en que la comunidad internacional incrementa el escrutinio sobre la situación venezolana.

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