Se necesitan casi 3.800 salarios mínimos para cubrir el costo de la canasta alimentaria familiar en Venezuela, que alcanzó en julio los 727,89 dólares, según las estimaciones del Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM).
Calculado en la moneda local, la cesta que incluye 60 productos para cinco personas se ubica en 516 mil 804,22 bolívares, 15,18% más que la cifra de junio. El Banco Central de Venezuela (BCV) informó que la inflación del mes pasado llegó a 19,9%, superando el 500% interanual.
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El Cendas-FVM apuntó que “el salario mínimo -congelado en 130 bolívares desde marzo de 2022- apenas cubre el 0,03% de la canasta”. Debe indicarse que desde hace al menos cuatro años el salario mínimo -que hoy equivale a 18 centavos de dólar- dejó de ser un indicador para medir el nivel de las remuneraciones en Venezuela.
El 30 de abril la presidenta encargada Delcy Rodríguez fijó en 240 dólares el “ingreso mínimo integral”, monto que se expresa en bonos que no tienen incidencia en los pasivos laborales, política que es rechazada por los sindicatos del país.
Los representantes de los trabajadores también denuncian que el Ejecutivo reparte esas asignaciones de manera discrecional e inconsistente.
Secos
En esta oportunidad, el Cendas-FVM contabilizó el gasto que deben hacer las familias para adquirir agua potable, unos 13,52 dólares en julio.
El gobierno interino lanzó recientemente un plan de ahorro de energía eléctrica y agua, dos servicios públicos que arrastran una severa crisis que se caracteriza por cortes diarios en todo el país.
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El último informe del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social afirma que en el primer semestre de 2026 se registraron 3.495 protestas, 181% más en comparación con el mismo período de 2025.
El análisis destaca que a partir del segundo trimestre de este año, aumentó el número de manifestaciones populares en reclamo por los derechos económicos y sociales.
“Los trabajadores retomaron un papel protagónico en la movilización social para exigir salarios dignos, la recuperación del poder adquisitivo, el respeto a las contrataciones colectivas y la restitución de derechos laborales afectados durante los últimos años”, expone el Observatorio de Conflictividad.
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