El régimen de Nicolás Maduro impidió este martes la salida del cardenal venezolano Baltazar Porras al anular su pasaporte en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, cuando se disponía a viajar a Colombia y luego a España para cumplir compromisos eclesiales.
La medida fue confirmada a EFE por fuentes cercanas al prelado y por el coordinador general de la ONG Provea, Óscar Murillo, quien indicó que el religioso debió regresar a su residencia en Caracas.
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El bloqueo migratorio ocurrió en un clima político marcado por la represión posterior a las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, en las que Nicolás Maduro fue declarado de manera fraudulenta ganador. Según Murillo, la retención del pasaporte es parte de un esquema de vulneraciones sistemáticas a derechos fundamentales que el régimen chavista consolidó tras esos comicios.
Porras explicó en un mensaje dirigido a los obispos venezolanos que el oficial encargado del control migratorio tomó su pasaporte para “consultar” presuntas irregularidades y, tras un periodo prolongado de espera, un superior informó que el documento “presentaba problemas” y que él no podría viajar. En su relato, el cardenal detalló que un soldado lo escoltó constantemente, incluso al baño, y más tarde le comunicó que no estaba autorizado a abordar el vuelo.
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El prelado señaló que fue llevado a una zona del aeropuerto donde lo obligaron a firmar documentos en los que se alegaba un supuesto “incumplimiento de normas para viajar”. Dijo que intentó fotografiar los papeles, pero se le negó esa posibilidad bajo amenaza de detención. También denunció que no le devolvieron el pasaporte, lo que impidió que pudiera realizar cualquier reclamación formal en Maiquetía.
En su comunicación, Porras afirmó que, al salir al área pública del aeropuerto, quedó sin información sobre el paradero de su documento y sin orientación oficial. Fue una empleada de información quien le sugirió abandonar la terminal y regresar a Caracas para buscar respuestas en la sede central del Saime, el organismo estatal que controla la emisión y gestión de pasaportes.
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El episodio coincide con la jornada en que el Comité Noruego entregó en Oslo el Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado, quien permanece en la clandestinidad desde hace once meses y no pudo asistir a la ceremonia. Su hija, Ana Corina Sosa, confirmó que la líder política se trasladaría a Noruega “en unas horas”, en medio de fuertes restricciones y amenazas del régimen venezolano.
La retención del pasaporte a Porras no es un hecho aislado. En octubre, denunció que militares le impidieron viajar por tierra al pueblo de Isnotú, en el estado Trujillo, donde iba a participar en una misa por el natalicio del médico José Gregorio Hernández, el primer santo venezolano. Según su testimonio, fue rodeado por efectivos armados después de recibir una supuesta notificación de suspensión del vuelo que tenía originalmente programado.
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El cardenal ha mantenido durante años una posición crítica frente al poder. Días antes de la canonización de Hernández, declaró en Roma que la situación del país era “moralmente inaceptable”, refiriéndose a la erosión de libertades, el aumento de la pobreza y la militarización del Gobierno. Sus pronunciamientos le han valido ataques constantes desde el oficialismo, tanto en tiempos de Hugo Chávez como de Maduro.
A lo largo de su trayectoria, Porras ha ocupado cargos de relevancia dentro de la Iglesia latinoamericana: presidió la Conferencia Episcopal Venezolana entre 1999 y 2006, fue vicepresidente del Consejo Episcopal Latinoamericano entre 2007 y 2011 y ejerció como administrador apostólico de Caracas desde 2018. Fue nombrado arzobispo metropolitano de la capital en enero de 2023 y ocupó el cargo hasta 2024.
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El incidente en Maiquetía revive las alertas sobre el uso del aparato migratorio como instrumento de control político. Organizaciones de derechos humanos sostienen que la restricción arbitraria de pasaportes se ha convertido en una herramienta recurrente para limitar la movilidad de opositores, periodistas, defensores y figuras con visibilidad pública. El caso de Porras vuelve a exponer esa práctica y abre interrogantes sobre la escalada represiva del régimen en un momento de creciente atención internacional.
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