ONG denuncian ante Naciones Unidas el aumento de las restricciones a la libertad de expresión en Venezuela

Siete organizaciones no gubernamentales presentaron a Naciones Unidas un informe que sostiene que el Estado venezolano “ha profundizado la restricción del derecho a la libertad de expresión en el país”, denunciando que “la detención arbitraria de periodistas se consolidó como un patrón de represión en Venezuela”.

El documento consignado para el cuarto ciclo del Examen Periódico Universal (EPU, mecanismo de revisión de Derechos Humanos de la ONU) sobre Venezuela, analiza el periodo 2022-2026 y fue elaborado por Artists At Risk Connection, Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), Espacio Público, Instituto Prensa y Sociedad Venezuela, PEN International, PEN Venezuela y Reporteros Sin Fronteras.

“Durante el período examinado, Venezuela profundizó un marco legal y político restrictivo que limita gravemente el ejercicio de los derechos fundamentales. En la práctica, esto se ha traducido en patrones persistentes de detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, hostigamiento judicial, censura y autocensura”, exponen.

En el texto destacan que “el uso de conceptos vagos tales como ‘odio’, ‘zozobra’, ‘fascismo’, ‘seguridad nacional’, ‘bloqueo’, ‘traición’ o ‘intereses de la República’, da lugar a una interpretación amplia y discrecional por parte de las personas en el poder para justificar jurídicamente las limitaciones a los derechos humanos”.

Las ONG sostienen que “el marco legal venezolano no sólo restringe derechos específicos, sino que configura una arquitectura de control del espacio cívico”, con una serie de normas que se utilizan para castigar el discurso, disciplinar a los medios, controlar a las organizaciones de la sociedad civil y criminalizar la incidencia internacional.

Infobae es víctima de esa censura: el 10 de octubre de 2014, el régimen de Nicolás Maduro ordenó el bloqueo total de Infobae en Venezuela. La medida fue ejecutada por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) tras la publicación de imágenes vinculadas al asesinato del diputado oficialista Robert Serra. Esa censura, más de diez años después, aún continúa.

A la fuerza

Recuerdan que en 2025 el número de trabajadores de la prensa detenidos llegó a 26. “Las detenciones arbitrarias de periodistas en Venezuela oscilan entre arrestos por lapsos menores de 24 horas hasta encarcelamientos por más de cuatro años”, señalan, agregando que “la violación del debido proceso fue el denominador común de esta forma extrema de atacar a la prensa independiente”.

“En todos los casos se formularon imputaciones genéricas por delitos graves como terrorismo y asociación para delinquir, los cuales no admiten libertad condicional. Ninguna de las personas procesadas judicialmente tuvo acceso a un abogado de confianza”, reseñan.

Advierten que la caída de Nicolás Maduro, detenido el 3 de enero junto con su esposa Cilia Flores por fuerzas especiales norteamericanas, no ha cambiado del todo el panorama.

“El hostigamiento continúa incluso después de que Delcy Rodríguez asumió la presidencia del país. Esto instauró un clima de terror tanto en los medios como en la ciudadanía. Como mecanismo de supervivencia frente a posibles detenciones y agresiones, muchos periodistas han tenido que elegir autocensurarse”, observan.

Silencio

El dossier recoge que “en Venezuela permanecen bloqueados 206 sitios web, 65 de los cuales corresponden a medios de comunicación social independientes y organizaciones de la sociedad civil”, medida que “corresponde a un patrón de censura sistemático ejecutado por el Estado venezolano que suma una década”. Entre los afectados por esta situación se encuentra la página de Infobae.

El informe también da cuenta de los ataques sufridos por los artistas, que entre 2022 y 2026 “enfrentaron censura, autocensura, vigilancia, detenciones arbitrarias y el uso de figuras penales amplias para criminalizar voces críticas”.

“La percepción de que las publicaciones en redes sociales, las obras artísticas o las interacciones en línea pueden ser monitoreadas o utilizadas para identificar, investigar o intimidar a artistas ha reforzado la autocensura y ha reducido la disposición de las personas a compartir su trabajo o a participar en espacios digitales de debate y difusión cultural”, indican.

Las ONG apuntan que “la combinación de vigilancia estatal, temor a represalias, autocensura, restricciones a la movilidad y debilitamiento de las industrias culturales ha generado un entorno cada vez más hostil para el ejercicio de la libertad artística, cultural y de expresión en Venezuela”.