El salario mínimo en Venezuela permanece en 130 bolívares desde marzo de 2022, lo que equivale actualmente a medio dólar mensual según la tasa oficial del Banco Central de Venezuela (BCV). Esta cifra afecta a millones de empleados públicos y pensionados, y refleja la magnitud de la crisis económica que atraviesa el país.
El tipo de cambio oficial del BCV situó el dólar en 262 bolívares este martes, colocando el salario mínimo venezolano entre los más bajos del mundo. Aunque este monto incide en beneficios laborales como vacaciones, liquidaciones y utilidades, su poder adquisitivo se ha reducido drásticamente desde que, en marzo de 2022, equivalía a unos 30 dólares mensuales.
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Un economista consultado por la agencia de noticias EFE subrayó que “es prácticamente imposible vivir con este monto en Venezuela”. El especialista, que prefirió mantener el anonimato, explicó que la mayoría de los venezolanos recurre a bonos, remesas y ayudas para poder subsistir ante la insuficiencia del salario mínimo.
Respecto a la falta de aumentos salariales, el economista indicó que la pregunta central no es cómo se sobrevive con un salario tan bajo, sino por qué la economía venezolana no permite incrementos.
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“Por su propia inercia, la economía venezolana no puede soportar salarios altos porque su productividad es baja y sus costos operativos son altos”, afirmó el experto a EFE.
Además, consideró inviable un aumento significativo del salario mínimo debido al elevado número de empleados públicos y pensionados que dependen del Estado en comparación con los ingresos nacionales.
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Según datos de la asociación civil Transparencia, la nómina pública asciende a unos 5.545.000 empleados, mientras que la ONG Provea estima que existen más de 4.500.000 pensionados, todos ellos percibiendo el equivalente a medio dólar mensual, ya que la pensión se equipara al salario mínimo.
El economista consultado por EFE advirtió que elevar el salario a 250 dólares mensuales para este grupo “excedería con creces la totalidad de los ingresos por exportación petrolera y recaudación tributaria” del país.
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“No hay suficientes recursos estatales para elevar el salario mínimo a esas magnitudes”, sentenció, aunque reconoció que podría haber margen para un aumento moderado, dado el incremento de los ingresos estatales en comparación con años anteriores. No obstante, subrayó que la falta de estadísticas fiscales confiables impide calcular con precisión la viabilidad de cualquier ajuste.
En lugar de aumentar el salario base, el régimen venezolano ha optado en los últimos años por incrementar los bonos gubernamentales, una política que defiende como respuesta a la “guerra económica”, el “bloqueo” y las sanciones internacionales, así como una medida para “evitar la inflación”.
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Estos bonos, que no inciden en los beneficios laborales, pueden alcanzar hasta 160 dólares mensuales y se pagan a la tasa oficial del BCV. Para los empleados públicos, los bonos se dividen en uno de alimentación, de 40 dólares, y otro denominado “ingreso de guerra económica”, de 120 dólares.
El contraste entre los ingresos y el costo de la canasta básica resulta especialmente marcado. Organizaciones como Provea han recordado que la Constitución venezolana obliga al Estado a garantizar un ingreso suficiente para una vida digna, ajustado periódicamente al costo de la canasta básica.
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Según los datos más recientes del Centro de Documentación y Análisis de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM), el valor de la canasta básica en abril fue de USD 503,73, una cifra muy superior a los ingresos que perciben la mayoría de los trabajadores y pensionados.
La brecha entre el salario mínimo y el costo de la vida en Venezuela evidencia la distancia entre la realidad económica de la población y las obligaciones constitucionales del Estado, una situación que permanece sin solución.
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