La Fiscalía de Venezuela ordenó exhumar el cuerpo del preso político Víctor Hugo Quero Navas, nueve meses después de su muerte

El Ministerio Público de Venezuela anunció el jueves la apertura de una investigación penal por la muerte de Víctor Hugo Quero Navas, después de que el régimen confirmara que el preso político falleció hace casi un año tras varios meses de denuncias familiares sobre su desaparición.

El Ministerio Público informó en un comunicado difundido en redes sociales que la Fiscalía 80 Nacional, con competencia en protección de derechos humanos, está a cargo de las diligencias. A su vez, comunicó que ordenó “con prontitud la exhumación del cadáver” de Quero, procedimiento que estará a cargo de un equipo forense adscrito a la Dirección General de Apoyo a la Investigación Penal, “de conformidad con lo establecido en el Código Orgánico Procesal Penal”.

“Para el desarrollo de esta investigación ha sido comisionada la Fiscalía 80 Nacional con competencia en protección de derechos humanos, con el objeto de realizar todas las diligencias tendientes al esclarecimiento de los hechos, de manera oportuna e imparcial”, precisó el organismo.

El anuncio se produce en un contexto de reclamos de organizaciones no gubernamentales, partidos políticos y la Defensoría del Pueblo por una investigación exhaustiva e independiente sobre el fallecimiento del detenido durante la dictadura liderada por el ex autócrata Nicolás Maduro en Venezuela.

La Defensoría del Pueblo sostuvo: “Es imperioso que los organismos competentes ordenen una investigación exhaustiva, independiente y transparente que permita esclarecer los hechos, determinar las responsabilidades correspondientes y garantizar justicia”.

La entidad también remarcó que este hecho “evidencia la urgente necesidad de impulsar reformas profundas orientadas a erradicar los abusos, la impunidad y las debilidades institucionales que persisten en el país”. La muerte de Quero Navas reabrió el debate sobre las condiciones de reclusión de los presos políticos, el respeto a los derechos humanos y la situación del sistema judicial, que la presidenta encargada Delcy Rodríguez prometió reformar.

La confirmación oficial de la muerte Quero bajo custodia estatal reactivó reclamos y protestas en el país caribeño por parte de organizaciones no gubernamentales, partidos políticos y activistas. El gobierno a cargo de Rodríguez informó el jueves que el aprehendido falleció en un hospital nueve meses atrás.

Diversas ONG y partidos señalaron que urge una revisión de las condiciones carcelarias y la actuación de las autoridades judiciales, mientras familiares de detenidos reiteraron su preocupación por los casos de desapariciones y falta de información sobre el paradero de personas bajo custodia.

Víctor Hugo Quero Navas, de 51 años, permanecía detenido desde enero de 2025, según la ONG Foro Penal, por su supuesto pasado militar vinculando su arresto a su servicio en 2023.

El Ministerio Público informó mediante un comunicado que Quero estuvo recluido en la cárcel El Rodeo I, en las afueras de Caracas, desde el 3 de enero de 2025 y fue trasladado a un hospital el 15 de julio acusando “hemorragia digestiva superior y síndrome febril agudo”. El texto oficial señaló que Quero murió casi diez días después por “insuficiencia respiratoria aguda secundaria a tromboembolismo pulmonar”.

Las autoridades penitenciarias afirmaron que el detenido “no suministró datos sobre vínculos filiatorios y ningún familiar se presentó a solicitar visita formal”. Sin embargo, organizaciones y dirigentes políticos rechazaron esta versión. Justicia, Encuentro y Perdón indicó vía X que el “supuesto desconocimiento de los vínculos familiares” de Quero “carece de sustento documental” y aseguró que Carmen Navas realizó “múltiples diligencias” ante la Fiscalía y Defensoría del Pueblo.

El presidente de Foro Penal, Alfredo Romero, señaló en X que la madre de Quero acudió “muchas veces” a El Rodeo I y “negaban su paradero”, calificando la situación como “indignante”.

Marino Alvarado, coordinador de Exigibilidad Legal de la ONG Provea, afirmó que la Fiscalía debe investigar al ministro penitenciario Julio García Zerpa, al ex fiscal general Tarek William Saab y al ex defensor del pueblo Alfredo Ruiz.

El dirigente opositor Edmundo González Urrutia sostuvo en X que lo ocurrido con Quero “se llama desaparición forzada seguida de ejecución administrativa del olvido” y agregó: “No hay protocolo ni explicación que justifique el sufrimiento de la señora Carmen Teresa ni de ninguna familia venezolana que hoy sigue buscando a sus desaparecidos”.

El Comité de Derechos Humanos del partido Vente Venezuela, encabezado por María Corina Machado, manifestó que la muerte del preso político “no es un fallecimiento común”, sino “un asesinato generado por cuerpos represores en El Rodeo I”.

De acuerdo con el registro de Foro Penal hasta diciembre pasado, 17 presos políticos murieron en custodia estatal desde 2014. Actualmente, la organización contabiliza 454 presos políticos en Venezuela, pese a la aprobación de una ley de amnistía en febrero como parte del nuevo momento político impulsado por la presidenta encargada del país.

(Con información de AFP y EFE)

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