Amnistía Internacional denunció que Venezuela alcanzó “la última frontera de la represión” contra la sociedad civil

La directora regional adjunta para las Américas de Amnistía Internacional, Valentina Ballesta, calificó la reciente detención y posterior liberación del activista venezolano Manuel Finol como una señal de “la última frontera de la represión” en el país. En conversación con Infobae, Ballesta advirtió que el régimen de Nicolás Maduro “ya no solo persigue a figuras políticas, sino también a organizaciones de la sociedad civil con décadas de trabajo”.

Finol, artista y gerente de Amnistía Internacional Venezuela, fue retenido en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) bajo el pretexto de revisar su pasaporte. Permaneció varias horas bajo custodia antes de ser liberado sin cargos ni explicación oficial.

“La pertenencia de Manuel al movimiento de derechos humanos puede ser percibida por las autoridades como una amenaza”, afirmó Ballesta. “Aunque su retención fue momentánea, constituye una privación arbitraria de libertad”.

La DGCIM ha sido objeto de sanciones internacionales por su participación en abusos de derechos humanos, mientras que Amnistía Internacional ha denunciado la criminalización sistemática de activistas, periodistas y organizaciones civiles en Venezuela.

Menos de 24 horas antes de la retención de Finol, la organización publicó en X un mensaje exigiendo la liberación de cinco presos políticos —Carlos Julio Rojas, Eduardo Torres, Rocío San Miguel, Javier Tarazona y Kennedy Tejeda—, todos detenidos por su labor en defensa de los derechos humanos.

A continuación, los fragmentos más relevantes de la entrevista con Valentina Ballesta:

—¿Qué información tienen sobre la retención y liberación de Manuel Finol?

—Esta mañana nos despertamos con la noticia de su retención por parte de los agentes migratorios bajo el pretexto de revisar su pasaporte. Luego fue retenido por la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) en el aeropuerto de Maiquetía. Estuvo privado de libertad durante algunas horas. Recientemente supimos que fue liberado, pero desconocemos los motivos o las alegaciones en su contra. Aunque fue momentánea, sigue siendo una privación de libertad. Amnistía Internacional condena este tipo de arbitrariedades contra defensores de derechos humanos.

—¿Consideran que esto fue un acto de intimidación hacia Amnistía Internacional o hacia el movimiento de derechos humanos?

—El patrón de represión en Venezuela hace difícil determinar qué motivó esta actuación, pero la pertenencia de Manuel a Amnistía y al movimiento de derechos humanos puede ser percibida por las autoridades como una amenaza o una forma de disidencia. Esto encaja en un patrón represivo más amplio. No es la primera vez que un defensor es detenido por motivos políticos.

—Ayer publicaron en X un mensaje pidiendo la liberación de varios presos políticos. ¿Podría haber relación entre esa publicación y la detención de Finol?

—Desde julio hemos lanzado una campaña por la liberación y localización de personas detenidas o desaparecidas por motivos políticos. Publicamos con frecuencia sobre estos casos, incluida la publicación de ayer. Podría estar relacionado, pero también puede deberse a nuestra labor constante de denuncia y solidaridad con las víctimas.

—¿Qué medidas toma Amnistía Internacional para proteger a su personal y a otras organizaciones?

—Trabajamos con decenas de personas en Venezuela y cientos a nivel global. Contamos con medidas de seguridad y mitigación de riesgos, pero enfrentamos un entorno donde las autoridades actúan con altos niveles de arbitrariedad. Nuestro trabajo también se enfoca en la protección de defensores fuera de Amnistía, a través de redes y acompañamiento mutuo.

—¿Cómo se enfrenta el activismo a un contexto tan restrictivo como el venezolano?

—Nuestra principal herramienta es la solidaridad y la resiliencia. En Venezuela se ha construido un andamiaje represivo, no solo con detenciones arbitrarias, sino con leyes que buscan restringir el trabajo de las organizaciones, como la llamada ley contra las ONG. A pesar de ello, seguimos acompañando a las víctimas y defendiendo el derecho a existir del movimiento de derechos humanos.

—¿Esperan algún tipo de respuesta del gobierno venezolano o de la comunidad internacional?

—Dudamos que haya un reconocimiento de arbitrariedad por parte de las autoridades, pero seguiremos documentando y denunciando para que eventualmente se rindan cuentas. La movilización colectiva y solidaria demostró hoy que el eco de las exigencias de liberación tiene impacto.

—¿Qué lectura hacen de este caso en el contexto general de Venezuela?

—El caso de Manuel Finol muestra una escalada represiva. Ya no se trata solo de perseguir a figuras políticas, sino también a organizaciones de la sociedad civil con décadas de trabajo. Defender derechos humanos se ha convertido, para el gobierno, en una forma de oposición. En Venezuela se ha cruzado la última frontera: cualquiera que defienda derechos frente a un Estado arbitrario y voraz puede ser considerado una amenaza.