Foro Penal pidió al papa León XIV intervención para liberar a 845 presos políticos en Venezuela

La ONG venezolana Foro Penal envió una carta al papa León XIV, publicada este jueves, en la que solicita su “intervención” para promover la liberación de los presos políticos en el país suramericano.

La organización explicó, en una nota de prensa en la que publicó la misiva, que actualmente hay 845 personas detenidas por motivos políticos, entre ellas 742 hombres y 103 mujeres. De este total, 841 son adultos y cuatro menores de edad y en este grupo hay 97 ciudadanos que son extranjeros o tienen doble nacionalidad.

Asimismo, 689 de los 845 presos políticos permanecen arrestados sin condena, muchos “bajo detención preventiva prolongada, en contravención de la ley y del derecho internacional”.

“Además, 37 personas se encuentran en situación de desaparición forzada, lo que constituye una grave violación de los derechos humanos”, apuntó.

El Foro Penal hizo este llamado al papa León XIV en vísperas de la canonización del médico José Gregorio Hernández y la religiosa Carmen Rendiles, el próximo 19 de octubre.

Para la organización, este hecho representa “una oportunidad para inspirar fe, reconciliación, perdón y libertad, valores esenciales para la paz en Venezuela”.

“Con esta solicitud pedimos al papa León XIV que acompañe esta histórica ceremonia con un mensaje de paz, justicia y libertad. Queremos que cada venezolano pueda vivir este momento de fe con el corazón libre y sin miedo”, sostuvo el director vicepresidente de la ONG, Gonzalo Himiob.

El pasado 11 de octubre, una treintena de venezolanos, en su mayoría familiares de presos políticos y activistas de derechos humanos, oraron en una plaza de Caracas a sus próximos dos santos como parte de una campaña que busca la liberación de los presos políticos en el país.

La activista Andreína Baduel indicó entonces a EFE que en la campaña ponen un “especial énfasis en los presos políticos que están muy enfermos” y “necesitan atención médica especializada y oportuna”, que son “alrededor de 80”, entre ellos, señaló, su hermano Josnars Adolfo Baduel, detenido desde 2020.

La semana pasada, la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV) publicó un comunicado en el que consideró la canonización de ambos beatos como “una ocasión propicia para que las autoridades del Estado dicten medidas de gracia que permitan recobrar la libertad a los encarcelados por razones políticas”.

A juicio de la Iglesia venezolana, esta medida favorecería la tranquilidad y armonía de los familiares y allegados de los presos políticos, así como de la “sociedad entera”.

Por su parte, el régimen de Nicolás Maduro y la Fiscalía General niegan que en el país haya presos políticos e insisten en que estos ciudadanos están detenidos por cometer diversos delitos.

En septiembre, la Misión Internacional de Determinación de los Hechos de Naciones Unidas presentó un informe que documenta detenciones arbitrarias, torturas y muertes bajo custodia en Venezuela durante el periodo posterior a las elecciones presidenciales de 2024. El documento también detalla la represión intensificada contra opositores, periodistas y manifestantes por parte del régimen chavista.

El archivo presentado abarca el periodo comprendido entre septiembre de 2024 y agosto de 2025 y tiene como objetivo mostrar ante la comunidad internacional los patrones de represión sistemática que, según la Misión, persisten en el país caribeño. El documento sostiene que la represión posterior a los comicios representa la continuación de un plan orientado a suprimir a la oposición o a quienes sean percibidos como tal.

Entre los hallazgos más relevantes, la Misión documenta graves violaciones de derechos humanos, incluyendo detenciones arbitrarias de adultos y adolescentes, torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes, desapariciones forzadas y muertes de manifestantes. El informe indica que entre el 28 de julio de 2024 y el 12 de enero de 2025 se registraron 220 detenciones de menores de edad: 187 niños, 22 niñas y 11 personas cuyo género no pudo determinarse, con edades entre 12 y 17 años. Además, se reportaron 30 casos de posible desaparición forzada, de los cuales 12 cumplen con la definición estricta de este delito, afectando a seis hombres, dos mujeres y cuatro menores.