Denuncian que el presidente del Metro de Maracaibo, un militar designado por el régimen de Maduro, dirige la empresa como un cuartel

Como en muchos casos donde el régimen venezolano ha enviado militares a ocupar cargos en la administración pública, se repiten las denuncias de abuso de poder, atropello a los trabajadores y uso de las empresas como si fueran cuarteles sin derechos civiles. Así ocurre con el general de División Miguel Ramírez González, presidente de la empresa Metro de Maracaibo, a quien el politólogo Rafael Olmos señala por desconocer los derechos laborales y usar el poder al estilo militar.

“Denuncio ante el país y el mundo el abuso de poder, el terror laboral, el fascismo y el nepotismo que estamos sufriendo los trabajadores del Metro de Maracaibo, desde que nefastamente llegaron el general Miguel Ramírez González y su clan familiar a nuestra amada empresa, la cual arruinaron”.

Agrega Olmos que el oficial venía de la Corporación Zulia (Corpozulia), “donde dejaron la misma huella” dice en alusión a Ramírez y su familia. Señala a la presidencia del Metro de “múltiples irregularidades administrativas, algunas de ellas como el robo de nuestros aguinaldos en los años 2023 y 2024”, pero no hay actuación de ningún organismo ni siquiera del Ministerio del Trabajo.

El politólogo Rafael Ángel Olmos Quintero, con más de 20 años en la Administración Pública y 13 en la empresa Metro de Maracaibo, agradece publicar su denuncia “única arma que tenemos los trabajadores públicos a riesgo de nuestra libertad y vida, ante despidos masivos, acoso laboral en su máxima expresión, salarios miserables y pésima calidad de vida, porque es lo que estamos sufriendo los trabajadores del Metro de Maracaibo y del país”.

“Acudí a Inpsasel (Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales) desde el 2023, Denuncié los acosos laborales más graves de los cuales estaba siendo objeto, sabiendo no solo que era una batalla De David contra Goliat es decir que me encontraba en minusvalía y en peligro de mi vida”.

Estaba consciente que no sería una lucha fácil porque había analizado la actuación del alto oficial que dirige el Metro de Maracaibo. “Sabía que actuaría desconociendo el estado de Derecho y los poderes públicos, como en efecto ocurrió”.

Violenta todo

Desde hace tres años, el GD Miguel Ramírez González sustituye en la presidencia del Metro de Maracaibo al ingeniero Alex Alaya, quien ocupaba el cargo desde el 2019. El ministro del Transporte Terrestre, el general Ramón Celestino Velázquez Araguayán nombra al otro general, Miguel Ramírez González, como presidente del Metro Maracaibo, con la resolución N° 042, del 19 de agosto 2022.

El general Ramírez González “Obstruyó el proceso de investigación al prohibir la entrada a esos funcionarios y también prohibió la entrada al Inspector del Trabajo, doctor Ender Hernández, quien acudió a ejecutar un caso de una demanda y Ramírez llamó una comisión de la Guardia Nacional (GNB) para meterlo preso si se atrevía a volver”.

Olmos recurre al titular del Ministerio Público para solicitarle su inmediata intervención y poner fin a la serie de irregularidades y abusos del general Ramírez “Haciéndole pagar con cárcel su descarado desacato al imperio de las leyes y la justicia”.

Ante la orden del alto oficial de prohibirle a Olmos la entrada a la empresa, se vio precisado a acudir ante la Inspectoría del Trabajo, donde denunció “El atropello y criminal proceder” en su contra.

“Esperaba que actuarán ajustados a derecho, pero lamentablemente una ‘mano peluda’ se encargó de remover a los jefes de estas instituciones Y hoy, luego de varios meses, el caso se encuentra paralizado”.

“Debido al irrespeto a los procedimientos de su tramitación y ejecución” Rafael Olmos le ha escrito, haciéndole llegar la denuncia, “a los ministros de Transporte y del Trabajo e incluso he llamado al número personal de uno de ellos y se hacen los ciegos y sordos, pues no toman las decisiones de rigor”.

Califica su caso como un hecho “Flagrante de violación de Derechos Humanos, Constitucionales y laborales, tipificados por la Corte Penal Internacional (CPI) en el Estatuto de Roma”.

Asevera Olmos Quintero que la “paralización, bloqueo o veto” de su caso “lesiona no solo nuestros sagrados derechos al trabajo y a la jubilación, sino que impide que acudamos a los tribunales laborales para hacerlos respetar”.

Finaliza con frases. “¡Basta de fascismo! ¡Basta de nepotismo! ¡Basta de impunidad! ¡Basta de negación de derecho! ¡Basta de negación de justicia!” y agrega que en lugar de militarizar a los civiles “hay que civilizar a los militares”.