El bolívar, moneda oficial de Venezuela, acumuló en agosto una caída del 15,34% frente al dólar estadounidense en el mercado oficial, donde el tipo de cambio cerró el mes en 147,08 bolívares por dólar, según el Banco Central de Venezuela (BCV). Este comportamiento representa un incremento del 18,13% en el precio del dólar respecto a julio, cuando la divisa estadounidense cotizaba a 124,51 bolívares. Desde inicios de año, la devaluación alcanza el 64,69% y profundiza una crisis económica que afecta a la mayoría de los venezolanos.
Especialistas consultados aseguran que el alza del dólar explica buena parte del aumento en el costo de bienes y servicios, ya que en Venezuela la mayoría de los productos y precios se fijan anclados a la divisa estadounidense. El BCV no publica cifras oficiales de inflación desde octubre de 2024, periodo en que la moneda venezolana registró un nuevo ciclo de devaluación.
La depreciación de la moneda nacional incide directamente en el poder adquisitivo de los trabajadores, particularmente quienes perciben sus ingresos en bolívares. El salario mínimo mensual se mantiene en 130 bolívares, equivalentes a 0,88 dólares al tipo de cambio oficial. Los empleados públicos reciben, además, bonos por 160 dólares mensuales pagados en bolívares y calculados según la tasa diaria, monto que no repercute en beneficios adicionales.
Expertos señalan que, si bien el país no enfrenta un escenario inmediato de hambruna, la inseguridad alimentaria es severa y dejará secuelas de por vida en la salud de la población. La reducción de la ayuda internacional, las sanciones estadounidenses, los recortes al gasto estatal y el cierre de comedores populares por parte del régimen de Nicolás Maduro agudizan la urgencia por alimentos y agravan la crisis de pobreza que, según estimaciones, afecta al 80% de los residentes.
Dificultades en el acceso a la comida
Una investigación periodística de la agencia AP señaló esta semana que educadores, padres, médicos y líderes religiosos coinciden en que el acceso a la comida está fuera del alcance de muchos hogares, mientras que los niños figuran entre los más afectados. Se acuestan temprano para mitigar el hambre, faltan al colegio y compiten entre ellos por la comida distribuida en centros de asistencia.
La insuficiencia de alimentos en los hogares también se replica en las escuelas, donde el Estado solía suministrar raciones de carne, harina, arroz, pasta, frijoles, sardinas, leche en polvo, lentejas, sal y aceite. Maestros y cocineros reportan que los envíos son irregulares e insuficientes, y cada vez son más los estudiantes que solicitan repetir el plato o llevar comida sobrante a casa.
El salario mínimo de 130 bolívares posiciona al grueso de los trabajadores por debajo del umbral de pobreza extrema definido por las Naciones Unidas, de 2,15 dólares diarios. Según el Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF), los empleados del sector público sobreviven con unos 160 dólares mensuales (sumando bonos estatales), mientras que el promedio salarial del sector privado alcanza 237 dólares. La canasta básica alimentaria ronda los 500 dólares, cifra documentada por el OVF, cuyos investigadores han sido detenidos en el contexto de la represión estatal.
La reducción de la asistencia del Programa Mundial de Alimentos (PMA), que había priorizado el estado Falcón debido a la magnitud de la inseguridad alimentaria, agrava la situación. Por motivos presupuestarios, el PMA ha bajado a 8 los días mensuales en que distribuye alimentos a estudiantes y familias, en contraste con los 20 días iniciales.
El alcance de la desnutrición en el país permanece indeterminado, en parte porque personal sanitario de hospitales estatales tiene prohibido registrar oficialmente diagnósticos de desnutrición infantil.
(Con información de AP y EFE)
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