
A medida que se acerca el aniversario del 28 de julio, y le recuerda a los venezolanos que, desde hace un año, el régimen de Nicolás Maduro confiscó el triunfo del opositor Edmundo González, también se profundiza la represión, el miedo y la persecución de líderes sociales, políticos y sindicales. A su vez, el FIM, organización que agrupa a centenares de militares retirados de la Fuerza Armada, reitera su “exigencia de restituir el mandato irrenunciable al pueblo y enmendar los daños causados a la institucionalidad y la justicia venezolana”.
En la llamada puerta giratoria, el régimen excarcela a detenidos como a los economistas Rodrigo Cabezas, Daniel Cadenas y Gerardo Casique, del Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF), a quienes mantuvo en desaparición forzada, pero de inmediato secuestra a Rafael García Marvez, coordinador de comunicaciones y miembro de Vente en Carabobo y están tras la búsqueda de Carlos Leal, coordinador de Vente en Lara.
Excarcelaron a 70, pero ya van más de 22 nuevos secuestrados, entre ellos al dirigente sindical Fernando Serrano; Ángel Rivas, esposo de Maritza Moreno, presidente del Colegio de Enfermería en Bolívar; el martes se llevaron a Yanny González, presidente del Colegio de Enfermería de Barinas; Simón Bolívar, consejero universiatrio de la Universidad Central de Venezuela (UCV).
A propósito de casi un año de las elecciones presidenciales del 28 de julio, el Frente Institucional Militar (FIM), organización que agrupa a 229 militares en reserva, manifestó su “profunda preocupación ante el irrespeto y la persistente violación del ordenamiento jurídico nacional y la vulneración de los derechos políticos del pueblo venezolano”.
Manifestaron la exigencia de “restituir el mandato irrenunciable al pueblo y enmendar los daños causados a la institucionalidad y la justicia venezolana”, dice la asociación civil de militares legalmente constituida según las leyes de la República, quienes suscriben el documento “Justicia Constitucional y Soberanía Popular”.

El 28 de julio 2024 es una fecha en la que insiste el FIM, cuya directiva tiene a la cabeza a los generales de Brigada (Ej) Juan Antonio Herrera Betancourt, en la presidencia; Teodoro Díaz Zavala, Vicepresidente; Rafael Vera Ruiz, Secretario de Organización; además, los representantes por componente: Juan Ferrer Barazarte, Ejército; Contralmirante Elías Buchzser Cabriles, Armada; Eduardo Arturo Caldera Gómez, Aviación y Simón Figuera Pérez por la Guardia Nacional.
Destacan los militares que el próximo 28 de julio se cumple un año de la jornada electoral, fecha en la que “la ciudadanía, con civismo y compromiso patriótico, acudió a las urnas para manifestar su voluntad soberana, tal como lo establece el artículo 5 de la Constitución Nacional”.
“Según el testimonio de miembros de mesa, testigos presenciales y efectivos militares asignados al resguardo del proceso, el candidato electo fue el ciudadano Edmundo González Urrutia. Este resultado fue posteriormente confirmado mediante la recopilación de actas originales, que reflejan una ventaja significativa sobre el competidor más cercano”.
Resaltan que, sin embargo, esa decisión “inapelable y legítima, fue desconocida por la autoridad electoral”, dicen en referencia al anuncio que ese 28J hizo el presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Elvis Eduardo Hidrobo Amoroso, y que fue ratificado por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), declarando ganador a Nicolás Maduro Moros sin mostrar el resultado de las actas electorales ni la publicación de lo que arrojó cada mesa y centro electoral.

El rol de la Fuerza Armada
El Frente Institucional Militar (FIM) agrega que debido a esa irregular situación “causa estupor en ese pueblo, que se le pretenda llamar de nuevo a un acto electoral ejecutado por el mismo ente que despreció y revocó su mandato un año antes, para que vuelva a expresar opinión a sabiendas que no se le tomará en cuenta”.
“Adicionalmente, quieren imponerle candidatos inverecundos sumados a ese arbitrario desconocimiento, negándole ese derecho a sus verdaderos representantes”.
A juicio de los militares del FIM, lamentablemente, la decisión legítima que el pueblo venezolano expresó ese 28 de julio 2024, “continúa sin ser reconocida por el ente electoral competente, lo cual constituye una grave afrenta al principio democrático y al orden constitucional”.
Consideran que “la convocatoria a nuevos comicios bajo las mismas condiciones de arbitrariedad, sumada a la exclusión de representantes legítimos y la imposición de candidatos sin respaldo popular, profundiza el desencanto ciudadano”.

Aún más preocupante, dicen los oficiales, “resulta la persecución de quienes participaron en el proceso del 28 de julio, como miembros de mesa y testigos, quienes han sido objeto de acoso, detención, juicio y tratos indignos por el solo hecho de haber cumplido con su deber democrático”.
Entre las prioridades que les inquiera está el rol de la institución militar, “creada, financiada y armada por ese pueblo para que lo protegiera y lo defendiera y llamada a defender la soberanía nacional y el Estado de derecho”.
Les indigna que en este caso se “ha vulnerado el artículo 328 de la Carta Magna, alineándose con actores políticos que desconocen la voluntad del pueblo al que le deben lealtad y fidelidad. Esta conducta contradice la misión constitucional de las fuerzas armadas y erosiona la confianza ciudadana”.
Por ello, como ciudadanos activos y comprometidos con la legalidad, se permiten exhortar a todas las instituciones del Estado, “y en particular a la Fuerza Armada Nacional, a rectificar su actuación, preservar la integridad constitucional y restablecer el respeto por el mandato popular”.
Están convencidos que “solo así podrá garantizarse la paz, la justicia y la verdadera soberanía del pueblo venezolano”, dice el Frente Institucional Militar en el vigésimo quinto aniversario de su fundación.
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