El Comité de Peticiones del Parlamento Europeo ha respaldado este jueves la demanda de un ciudadano de aumentar el escrutinio de las sanciones sobre personas vinculadas con el régimen de Nicolás Maduro, para que la aplicación de las medidas punitivas sea más estricta.
La queja elevada por un peticionario español busca una mejor aplicación de las sanciones europeas contra aquellos individuos cercanos al régimen, tras insistir en que la Comisión Europea aplica estas medidas de forma politizada, “lo que crea la necesidad de un mayor escrutinio político de su discrecionalidad, en lugar de un mayor control jurídico por parte del Tribunal de Justicia de la UE”.
A su juicio, la falta de control permite a los sancionados esquivar las sanciones y adquirir propiedades en Europa, por lo que pide un mayor escrutinio para investigar sus redes de lobby y asegurar que no tienen acceso al Mercado Único ni que se ponen fondos a sus disposición. Igualmente ha pedido castigar la desinformación sobre Venezuela de la misma manera que la UE tiene en pie medidas contra las maniobras de desinformación e injerencias rusas.
La petición ha sido acogida de forma positiva por el PP, cuyo eurodiputado Antonio López-Istúriz ha calificado el tema de “crítico” para Venezuela y para “la credibilidad de la democracia y los Derechos Humanos en todo el mundo”.
En este sentido, ha llamado a ampliar y endurecer las sanciones contra las figuras del régimen venezolano responsables de supuesto fraude en las elecciones presidenciales de 2024. “Por cierto que no se paseen por países europeos en flagrante delito incumpliendo las normas europeas de sanciones y siendo recibidos por algunos gobiernos europeos”, ha señalado, en referencia al polémico viaje de la vicepresidenta, Delcy Rodríguez, a España, punto en el que ha pedido elevar el control para que los Estados miembros cumplan las sanciones.
Del mismo modo, Juan Carlos Girauta, de Vox, ha tachado de “intolerable” que pasado un año de las elecciones haya “resistencias” en Europa a reconocer a Edmundo González como legítimo presidente y ganador de los comicios.
“Lo que solicitan los peticionarios es lo mínimo que por dignidad hacia el pueblo venezolano y por vergüenza democrática los europeos deberíamos estar de acuerdo”, ha indicado, mostrándose a favor de aumentar la presión diplomática sobre Venezuela para que permita una supervisión internacional de las elecciones, detener las torturas y represiones arbitrarias, terminar con la censura en los medios y garantizar la independencia de los poderes públicos.
Todo ello, según el eurodiputado de Vox, tiene que ir acompañado de sanciones contra los “tiranos” que “sólo entienden el lenguaje de la fuerza”, incidiendo así en que la respuesta de la UE debe ser acorde a la “durísima realidad” del país.
DIPLOMACIA EUROPEA INSISTE EN QUE NO CANALIZA FONDOS AL RÉGIMEN
En la sesión ha participado una representante del Servicio de Acción Exterior de la UE que ha insistido en que la posición comunitaria es no reconocer la legitimidad democrática de Maduro, al tiempo que ha recalcado en que el bloque no canaliza fondos a las autoridades venezolanas.
Los fondos humanitarios de la UE van a parar a actores no estatales, ONG y agencias de Naciones Unidas, ha subrayado. Mientras que sobre la demanda de plantear acciones ante la Corte Penal Internacional, ha recordado que la UE coopera con el tribunal pero no es miembro de la institución, por lo que deben ser sus miembros, los propios países de la UE, los que emprendan este tipo de acciones.
Respecto a la demanda de más sanciones, se ha limitado a recordar la tanda de restricciones contra 15 personas por la falta de transición democrática en Venezuela adoptada por la UE a principios de año, al constatar la nueva toma de posesión de Maduro pese no presentar las actas acrediten su victoria en las elecciones de julio de 2024.
En total la UE mantiene sanciones contra 70 individuos entre los que figuran dirigentes chavistas como Delcy Rodríguez, actual ministra de Economía y vicepresidenta Ejecutiva, y Diosdado Cabello, ministro de Relaciones Interiores y Justicia.
(Con información de Europa Press)
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