Vente Venezuela exigió la liberación de la activista María Oropeza, detenida por el régimen de Maduro hace 10 meses

El Comité de Derechos Humanos del partido opositor Vente Venezuela (VV) reclamó este viernes la liberación inmediata de María Oropeza, militante de esa organización en el estado Portuguesa y cercana a la dirigente María Corina Machado. Oropeza permanece detenida desde el 6 de agosto, cuando denunció un intento de allanamiento en su domicilio sin orden judicial.

A través de la red social X, Vente Venezuela destacó el compromiso de Oropeza con la lucha opositora: “Siempre ha demostrado su amor por Venezuela y decidió desde muy joven luchar por la libertad, por un país lleno de oportunidades para darles un mejor futuro a las nuevas generaciones”.

El Comité señaló que, aunque se encuentra privada de libertad, el propósito de la activista “sigue presente”. “Por ella y por todos los jóvenes que decidieron seguir aquí, luchando en Venezuela, seguimos alzando la voz”, expresó la organización, que también exigió la liberación de los 927 presos políticos que, según la ONG Foro Penal, permanecen encarcelados en el país.

El día de su detención, María Oropeza transmitió en vivo por Instagram para denunciar que agentes intentaban ingresar de forma “arbitraria” a su vivienda, sin una orden de allanamiento. En esa misma jornada, había advertido sobre una “operación tun tun” —nombre con el que se conoce en Venezuela a los procedimientos de detención sorpresiva— dirigida, según dijo, contra miembros de la oposición.

En su mensaje, Oropeza calificó esas acciones como parte de una “persecución política contra los venezolanos que defienden la verdad”, en referencia al resultado electoral de las elecciones presidenciales. Pese a ello, el Consejo Nacional Electoral proclamó vencedor de manera ilegítima al dictador Nicolás Maduro.

El régimen de Venezuela niega la existencia de presos políticos en el país y sostiene que las detenciones se producen por delitos comunes. Esa afirmación es rechazada por dirigentes opositores, organizaciones no gubernamentales y organismos internacionales, que denuncian el uso del aparato judicial para reprimir la disidencia.

Vente Venezuela reiteró su compromiso con la denuncia de las violaciones a los derechos humanos y subrayó que continuará exigiendo justicia para los detenidos “por pensar distinto”.

La hija de Edmundo González Urrutia exigió una fe de vida de su esposo, secuestrado hace 147 días por el régimen de Maduro

Mariana González, hija del presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia, exigió este martes una fe de vida “con urgencia” de su esposo, Rafael Tudares, quien lleva 147 días detenido en condiciones que calificó de desaparición forzada por parte del régimen de Nicolás Maduro.

A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, González denunció que desde el 7 de enero no ha tenido noticias sobre el estado de salud, la integridad física ni la ubicación real de Tudares. “Reitero con urgencia mi solicitud de una fe de vida e integridad física de Rafael, que debe concretarse mediante una autorización de las autoridades para yo visitarlo directamente a fin de verlo donde lo tengan”, escribió.

Tudares fue arrestado tres días antes de la fecha prevista para el traspaso de mando en el que González Urrutia debía asumir la presidencia. La detención se produjo en el marco de una redada lanzada por el Palacio de Miraflores con el objetivo de consolidar el control tras las cuestionadas elecciones del 28 de julio, lo que incluyó el arresto de numerosos opositores.

Según el régimen de Maduro, Tudares habría sido detenido por actuar supuestamente como representante legal de González Urrutia “con respecto a alguna propiedad”, además de ser su yerno. Sin embargo, el entorno del detenido rechaza esas acusaciones, afirma que no tiene ningún vínculo legal con el presidente electo y recalca que ser su familiar no constituye ningún delito.

Diversas organizaciones de derechos humanos han denunciado el caso como un ejemplo de persecución política y desaparición forzada, figura que implica la detención arbitraria sin información oficial sobre el paradero ni condiciones de la persona privada de libertad.

La familia de Tudares insiste en su inocencia y reclama su liberación inmediata. Mientras tanto, continúa sin confirmación oficial sobre su estado físico ni acceso a una visita directa de sus familiares.

(Con información de EFE)