“Nos han quitado hasta la dignidad”: militares venezolanos en retiro se suman al paro nacional por aguinaldos y pensiones

Los militares retirados o en reserva activa convocaron a una protesta para el lunes 16 de noviembre, a las 11 de la mañana, en las sedes del Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA) en cada región del país y en la sede principal de Caracas. La movilización se hace “solidaria con los trabajadores públicos que también protestan”, en apoyo al paro nacional.

La convocatoria se desprende de una comunicación dirigida al ministro de la Defensa, general en jefe (EJ) Gustavo Enrique González López, y extensiva a todo el Alto Mando Militar y al presidente del IPSFA, general de división (EJ) César Augusto Febres Cabello. En el documento, militares retirados de la Fuerza Armada Nacional y familiares con derecho al Bienestar Social califican de compleja la crisis económica que atraviesan.

Los firmantes citan la Constitución de la República Bolivariana, que establece que el Estado debe garantizar una vida digna. “A los militares retirados nos han quitado hasta la dignidad”, sostienen.

“Nuevamente somos humillados los militares en situación de retiro con el pago de nuestros aguinaldos”, afirman, al considerar que se ubican “por debajo de la remuneración integral de un mes, que son 240 dólares”. Enfatizan que, “por derechos adquiridos”, les corresponden aguinaldos de mínimo 960 dólares, equivalentes a cuatro meses.

Recuerdan que hasta 2013 “los aguinaldos por muchos años se calculaban sobre la base del sueldo mensual integral”, de modo que un militar activo o retirado recibía un promedio de 3.000 dólares por tres meses de aguinaldos, lo que se constituyó en un “derecho adquirido”.

Salarios de indigencia

Según la comunicación, la Constitución establece que la Fuerza Armada “debe tener un régimen de seguridad social integral propio, según lo establezca su respectiva Ley Orgánica”. Al invocar la norma constitucional y el artículo 74 de la Ley de Seguridad Social de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), destacan que allí se establece “la autonomía del manejo de los fondos de nuestras pensiones”.

Por ello, afirman, la competencia es exclusiva del IPSFA, “no de la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre), como se hizo arbitrariamente quitándole la competencia al IPSFA”.

Los firmantes señalan que los venezolanos son actualmente “los trabajadores peor pagados en Latinoamérica y quizás en el mundo”, con un salario mínimo de 130 bolívares mensuales, es decir, 0,14 dólares. El abismo con la Cesta Básica Alimentaria, que “ronda los 900 dólares”, es inmenso.

A su juicio, el sueldo de un militar es de indigencia: el salario básico aproximado más alto de un general es de 2 dólares, el de un coronel ronda los 1,50 dólares y el de un sargento, 1,20 dólares al mes. Agregan que el IPSFA pagó los aguinaldos sobre la base del sueldo mínimo (6 dólares), más una regalía por el Sistema Patria de 222 dólares. Consideran que los beneficios socioeconómicos “parecen haberse extinguido”.

Artículos que invocan

En la misiva recuerdan el artículo 3 de la Constitución, que señala como fines del Estado “el respeto de la dignidad, la construcción de una sociedad justa, el bienestar del pueblo”. Y se preguntan: “¿Es justicia que a un militar retirado, después de servir a la patria por 30 años o más, se le someta a niveles hasta de indigencia o mendicidad?”.

También citan el artículo 89, según el cual “ninguna ley puede alterar la intangibilidad y progresividad de los derechos y beneficios laborales”. Con base en él, sostienen que el decreto de bonificación viola la Constitución. “Nosotros otrora gozábamos de un sistema de bienestar social justo, el cual ha sido exterminado”, afirman.

Igualmente invocan el artículo 91, que establece que el Estado debe garantizar una vida digna mediante un “salario mínimo vital”, ajustado cada año, que alcance para satisfacer las necesidades básicas del trabajador y su familia.

El reclamo central es que a los militares retirados les niegan y eliminan beneficios socioeconómicos alcanzados en el pasado y de obligatorio cumplimiento. “Así lo establecen los artículos 30 y 31 de la Ley Orgánica de Seguridad Social de la FANB, que contemplan los programas que debe acometer el IPSFA”, indican.

Además, sostienen que se incumple deliberadamente el artículo 39 de esa ley, conocida como Ley Negro Primero, que contempla “la homologación de remuneraciones de los retirados con los activos”.

En términos comparativos, señalan que el sueldo base de un militar retirado para mantener a su familia es en Venezuela “de aproximadamente 240 dólares mensuales”, mientras que en Colombia, Ecuador y Perú un coronel recibe un sueldo mensual de más de 3.500 dólares.

Lo que exigen

Los firmantes solicitan a las autoridades militares y al IPSFA que se les restituya, “por ser un derecho legal y constitucional”, el pago de cuatro meses de aguinaldos calculados sobre el sueldo mensual integral, y exigen que se les cancele un mínimo de 960 dólares.

Piden asimismo que se habilite Seguros Horizonte, “el cual es casi inexistente”, pues las primas no están acordes con los sueldos, la póliza de HCM no existe y “no nos aceptan en las clínicas privadas”.

La exigencia final es el aumento de los montos de las pensiones conforme a la Constitución y a la ley. “Con la urgencia del caso, que nos cancelen el llamado bono de corresponsabilidad y formación”, concluyen.