La misión de la ONU para Venezuela denunció que la desaparición forzada de opositores puede constituir un crimen internacional

La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela denunció este miércoles las detenciones incomunicadas y en aislamiento de opositores o personas que el régimen considera como tales, y dijo que frecuentemente estas situaciones pueden equivaler a desapariciones forzadas.

“Mantener a personas opositoras en condiciones de aislamiento e incomunicación es una práctica perversa e ilegal que puede constituir un crimen internacional”, afirmó la presidenta de la Misión, Marta Valiñas.

Agregó que la tortura y la desaparición forzada de personas son crímenes de lesa humanidad cuando se cometen como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque.

El experto de la Misión Francisco Cox precisó que tales situaciones están ocurriendo en Venezuela “como parte del crimen de lesa humanidad de persecución fundada en motivos políticos”.

La Misión exigió la liberación sin condiciones de todas las personas detenidas arbitrariamente, como en la víspera lo hizo también desde Ginebra el alto comisionado de Naciones Unidas para los derechos humanos, Volker Türk.

El grupo de expertos también denunció la falta generalizada de protección judicial efectiva en Venezuela, como lo demuestra “la ineficacia de la institución del habeas corpus”, un mecanismo existente para proteger a las personas contra las detenciones arbitrarias, las desapariciones forzadas y el riesgo de torturas.

La Misión afirmó haber investigado y corroborado al menos 20 casos en los que los recursos de habeas corpus o no fueron recibidos, o fueron rechazados o no obtuvieron respuesta.

“La indiferencia, la resistencia o la negativa del aparato judicial a recibir y tramitar habeas corpus es un grave incumplimiento de los deberes de sus funcionarios y supone un acto de complicidad”, opinó por su parte Patricia Tappatá, experta y miembro de la misión.

Se destacó el caso del abogado y activista Eduardo Torres, quien forma parte del Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (PROVEA), quien se encuentra en paradero desconocido desde el pasado día 9 de mayo y quien “ilustra la situación de desprotección ante la ley”.

Según la información recibida por el mecanismo de la ONU, familiares y abogados esperaron horas ante el Palacio de Justicia venezolano sin poder entregar un recurso de habeas corpus ante la negativa de la jueza encargada a recibirlo, aunque la Sala Constitucional finalmente aceptó el recurso este lunes.

(Con información de EFE)