El régimen de Venezuela confirmó que tiene más de 120 extranjeros detenidos por supuestos “actos desestabilizadores”

El régimen de Nicolás Maduro, a través del ministro del Interior, Diosdado Cabello, confirmó la detención de más de 120 personas de diversas nacionalidades, acusadas de planificar presuntos “actos terroristas” y actividades desestabilizadoras en Venezuela, entre ellos el gendarme argentino Nahuel Gallo.

Según dijo el dos del chavismo, los arrestados han proporcionado información clave sobre los supuestos planes de desestabilización y el origen de su financiamiento.

Cabello, denunció que el financiamiento de estos presuntos actos proviene de organizaciones vinculadas al "narcotráfico y el narcoparamilitarismo colombiano“, señalando directamente al ex presidente colombiano Álvaro Uribe y al ex mandatario Iván Duque como responsables de apoyar estas actividades. Además, acusó a la opositora venezolana María Corina Machado de recibir recursos de estas fuentes ilícitas para, según sus palabras, llevar al país “al caos”.

“Ellos han estado hablando, declarando y señalando los planes que tienen, de dónde vino el financiamiento, y nosotros lo denunciamos. Este financiamiento viene del narcotráfico y del narcoparamilitarismo colombiano, de la mano de Álvaro Uribe y de Iván Duque. Es el financiamiento que recibe la señora María Corina Machado con el grupo terrorista que quiere llevar a Venezuela al caos”, expresó Cabello en declaraciones difundidas este domingo.

El jefe de Interiores venezolano detalló que los más de 120 extranjeros detenidos en el país son de Colombia, EEUU, Perú, España, Italia, Uruguay, Ucrania, Suiza, República Checa, Líbano, Albania, Países Bajos, Israel, Alemania, Argentina, Guyana y Yemen.

El funcionario también reiteró su amenaza de detener al presidente electo, Edmundo González Urrutia, si pisa suelo venezolano durante los próximos días.

Estas afirmaciones se enmarcan en un contexto de máxima tensión política en Venezuela, cuando faltan pocos días para la toma de posesión presidencial prevista para el próximo 10 de enero. Nicolás Maduro pretende asumir un nuevo mandato de seis años, tras unas elecciones celebradas el pasado 28 de julio, cuyo resultado fue calificado como fraudulento por la oposición mayoritaria y parte de la comunidad internacional.

Cabello también informó sobre el reforzamiento de la seguridad en Caracas, argumentando que el régimen busca “garantizar la paz frente a las supuestas amenazas opositoras”. Durante el fin de semana, la dictadura desplegó más de 1.200 efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), agentes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y de la Policía Nacional Bolivariana (PNB).

Los operativos están concentrados en puntos estratégicos, como los alrededores del Palacio Legislativo y del Palacio de Miraflores.

“Algunos sectores de la oposición andan como nerviosos porque hay medidas de seguridad en los alrededores”, afirmó Cabello, quien reiteró que estas acciones buscan “proteger la democracia en un contexto de amenazas por parte de la oposición”.

Por su parte, el líder opositor Edmundo González Urrutia, quien asegura haber ganado las elecciones presidenciales, permanece en una gira internacional en busca de apoyos. Desde el exilio, González ha llamado a las Fuerzas Armadas a actuar conforme a la Constitución de 1999 y respetar lo que él denomina “la soberanía popular”. Además, ha acusado al régimen de Maduro de desvirtuar los principios fundamentales de las instituciones venezolanas.

El régimen de Maduro, sin embargo, lo considera prófugo y ha ofrecido una recompensa de 100.000 dólares por información que conduzca a su captura. González Urrutia ha sostenido encuentros con líderes internacionales, incluyendo al presidente estadounidense Joe Biden, y a los mandatarios de Argentina, Uruguay y Paraguay, con el objetivo de reforzar su legitimidad en el plano internacional.

De acuerdo con un informe del Wall Street Journal del fin de semana, la dictadura de Maduro, después de las fraudulentas elecciones del 28 de julio pasado, incrementó la detención de ciudadanos extranjeros como parte de una estrategia que busca ganar influencia en las relaciones con gobiernos adversarios.

Según analistas y defensores de derechos humanos, estas detenciones tienen un objetivo claro: usarlas como moneda de cambio en negociaciones políticas o económicas, especialmente con países como Estados Unidos, con quienes el régimen venezolano mantiene tensas relaciones.

Por su parte, la Fiscalía General de Venezuela, que responde a los intereses del dictador Maduro, informó este lunes la excarcelación de otras 146 personas que fueron detenidas por protestar después del fraude electoral cometido el pasado 28 de julio

(Con información de EFE)