La defensa de Rocío San Miguel, presidenta de la organización no gubernamental Control Ciudadano, solicitó este martes su liberación inmediata tras confirmar que la activista presenta una fractura en el hombro derecho, diagnosticada recientemente.
Según el abogado Juan González Taguaruco, la lesión requiere atención médica especializada y una cirugía que, de acuerdo con la solicitud, debe realizarse bajo supervisión de médicos de confianza de la familia.
La fractura fue detectada el pasado 5 de diciembre, aunque, según explicó González a la agencia EFE, la lesión ocurrió hace cuatro meses tras una caída provocada por un mareo derivado de una laberintitis que no fue tratada adecuadamente. “Desde entonces, se quejaba del dolor y solo fue tratada con analgésicos”, señaló.
Además, expresó preocupación por las condiciones de atención médica que recibe San Miguel: “Si la fractura fue diagnosticada cuatro meses después, ¿qué garantías tenemos de una atención médica de calidad y que recibirá los tratamientos posoperatorios y la rehabilitación?”.
En redes sociales, organizaciones de derechos humanos se sumaron al reclamo. La ONG Acceso a la Justicia exigió, a través de la plataforma X, que San Miguel sea evaluada por un equipo médico autorizado por su familia para verificar su estado de salud y reiteró su demanda de liberación inmediata.
Asimismo, la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia destacó el “coraje” de San Miguel por su defensa de los derechos humanos en Venezuela y urgió su puesta en libertad, solicitud respaldada por varias entidades no gubernamentales.
San Miguel fue detenida el 9 de febrero de este año en el aeropuerto internacional de Maiquetía, cuando se disponía a viajar junto a su hija. Según el Ministerio Público (MP), la activista está acusada de presuntos vínculos con una conspiración que incluía un supuesto plan de magnicidio contra el dictador Nicolás Maduro.
El fiscal general del régimen, Tarek William Saab, afirmó en ese momento que San Miguel había proporcionado información sobre sistemas de defensa militar venezolanos a un embajador de la Unión Europea (UE) y a representantes de otras tres embajadas.
La presidenta de Control Ciudadano es parte de las 245 mujeres que, según la ONG Foro Penal, permanecen detenidas en el país por motivos “políticos”, en un total de 1.905 presos bajo esta categoría.
La mayoría de estos arrestos se produjeron tras las elecciones presidenciales celebradas el pasado 28 de julio, cuyos resultados continúan siendo cuestionados por amplios sectores de la sociedad civil y organizaciones internacionales.
La situación de Rocío San Miguel generó un llamado unánime de actores nacionales e internacionales que denuncian la situación de los presos políticos en Venezuela, particularmente en lo que respecta a su estado de salud y el respeto de sus derechos fundamentales.
(Con información de EFE)
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