La Fiscalía de Venezuela revisará los casos de 225 detenidos en las protestas post electorales

El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, informó este viernes que la Fiscalía, que responde al chavismo, solicitó la revisión de cientos de casos de opositores detenidos en el contexto de las protestas post electorales del 28 de julio.

Según el funcionario, en apego a la Constitución, que consagra “el derecho a la defensa, la presunción de inocencia y el juzgamiento por jueces naturales, se han solicitado 225 revisiones de medidas a procesados por esos sucesos que conmocionaron al país”, por lo que se dará curso al pedido.

“Esta acción, que tiene como centro la unificación familiar, consolida el compromiso de las instituciones venezolanas con la paz, la justicia y los derechos humanos”, agregó Saab aunque sin dar detalles de su implementación.

Tras los polémicos comicios de mediados de año, en los que la oposición demostró el triunfo de Edmundo González Urrutia pero el oficialismo proclamó ganador a Nicolás Maduro, sin pruebas de ello, decenas de protestas estallaron en ciudades de todo el país, en rechazo a un nuevo período de la dictadura y en reclamo por el respeto de su voluntad expresada en las urnas.

Los incidentes fueron reprimidos por las fuerzas de seguridad chavistas, que también persiguieron y arrestaron a decenas de políticos y colaboradores cercanos a la disidencia. “Que haya justicia”, reclamó Maduro a sus funcionarios, en reiteradas oportunidades.

Según la ONG Foro Penal, en Venezuela hay unas 1.894 personas privadas de su libertad por cuestiones políticas, en su mayoría, acusadas de terrorismo. De ellas, 69 son adolescentes y otros varios son periodistas, personal de campaña de la Plataforma Unitaria Democrática y políticos.

Saab, sin embargo, negó ante la prensa que se produjeran estas detenciones arbitrarias y, por el contrario, aseguró que se trata de personas que “lamentablemente, cometieron actos al margen de la ley”. “No so presos políticos, son criminales que se prestaron para acciones terroristas, delictivas”, insistió.

Asimismo, aseguró que no hay niños detenidos en el país y solo reconoció que un 10% de los reos tiene entre 16 y 17 años. Ellos, sumó, están “en un centro correccional de menores” por sus acciones y serán procesados, tal como establece la ley venezolana.

La víspera, sin embargo, el segundo del régimen, Diosdado Cabello, fue más severo al referirse al tema durante su programa semanal de televisión, en el que admitió tener en reclusión a menores e ironizó: “Pobres niños que están detenidos. Ahí están presionando con los pobres presos políticos, con esos niños que están detenidos. ¿Dónde estaban los padres de esos niños el 29 y 30 de julio? ¿Dónde estaban? Se van a preocupar ahora de sus hijos, deberían haberse preocupado antes”.

Familiares de los detenidos, así como activistas de derechos humanos, han encabezado, en el último tiempo, múltiples manifestaciones en reclamo por la liberación de sus seres queridos, que en su mayoría están privados de comunicación con el exterior, se les impide acceder a una legítima defensa y están recluidos en condiciones inhumanas.

Expresamos nuestra “profunda preocupación por el incremento de la represión estatal y la persecución política” bajo los supuestos delitos de “terrorismo, incitación al odio, traición a la patria, conspiración y resistencia a la autoridad”, sentenció el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (ODH-ULA) días atrás.

(Con información de AP)