La fiscalía de la Corte Penal Internacional analiza nuevas denuncias de crímenes en Venezuela tras el fraude electoral y negó demoras en la investigación previa

La Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) confirmó hoy que está analizando de manera “independiente e imparcial” la información sobre las denuncias de crímenes cometidos en Venezuela después de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024.

“La Oficina ha sido clara desde el comienzo de esta labor, en que no demorará sus esfuerzos para lograr la rendición de cuentas en relación con la situación en Venezuela, ya sea mediante su propia investigación o mediante esfuerzos genuinos y reales en Venezuela”, indicó la oficina del Fiscal Jefe de la CPI, Karim Khan, en un comunicado enviado a la prensa.

La investigación de la CPI sobre Venezuela se reanudó en junio de 2023 tras un litigio con el régimen de Nicolás Maduro, quien intentó hacer valer la competencia de Venezuela de conformidad con el Estatuto de Roma.

“La composición del equipo legal que representó a Venezuela en los procedimientos en los que la Oficina defendió con éxito su derecho a hacer valer su jurisdicción en esta situación es un asunto de dominio público. Entendemos que ninguna de las partes en los procedimientos planteó objeciones en ese momento”, señaló la Fiscalía.

Según el comunicado, la Oficina del Fiscal también está siguiendo de cerca los acontecimientos actuales en Venezuela tras las elecciones, consideradas fraudulentas por la oposición y gran parte de la oposición. El régimen desató una feroz represión tras los comicios, con decenas de muertos y cientos de personas detenidas arbitrariamente, según denuncias de la oposición y organismos de derechos humanos.

Al respecto, la fiscalía dijo que “ha realizado gestiones diplomáticas para subrayar la importancia de garantizar el estado de derecho” y que todas las personas estén “protegidas de violaciones que puedan constituir crímenes” de lesa humanidad.

En paralelo a la investigación, la Fiscalía firmó dos memorandos de entendimiento con el Gobierno venezolano para apoyar los esfuerzos genuinos de rendición de cuentas a nivel nacional, incluyendo asistencia técnica y transferencia de conocimientos.

“Sin embargo, la Oficina ha sido clara desde el comienzo de esta labor, en que no demorará sus esfuerzos para lograr la rendición de cuentas en relación con la situación en Venezuela”, enfatizó la Fiscalía.

Polémica por vínculos familiares del Fiscal Jefe de la CPI

El comunicado de la CPI se produce después de la revelación de que la cuñada del Fiscal Jefe de la CPI, Karim Khan, está entre los abogados que defienden al régimen de Maduro ante el tribunal ha generado una creciente polémica y preocupaciones sobre posibles conflictos de interés.

Según un artículo publicado por The Washington Post, la abogada Venkateswari Alagendra, cuñada de Khan, se ha unido al equipo legal que representa a Venezuela en los procedimientos de la CPI.

“Algunos críticos ven lo que consideran un conflicto de intereses más preocupante. Incluso mientras Khan investiga a Maduro, ha establecido una oficina en Caracas para ayudar al gobierno a mejorar sus propias capacidades de investigación”, señala el artículo.

El código de conducta de la Oficina del Fiscal de la CPI establece que los miembros deben abstenerse de cualquier conflicto que pueda surgir de “interés personal en el caso, incluyendo una relación conyugal, parental u otra relación familiar cercana, personal o profesional con cualquiera de las partes”.

Ante estas revelaciones, una organización de derechos humanos, la Fundación Arcadia, con sede en Washington DC, anunció que ha presentado una solicitud formal de recusación contra Karim Khan ante la CPI.

La petición argumenta que el vínculo familiar entre Khan y la abogada Alagendra “compromete la imparcialidad del fiscal y pone en riesgo la integridad del proceso judicial”, con implicaciones para la credibilidad de la CPI.

La organización pide la recusación inmediata de Khan y su apartamiento de todas las actuaciones relacionadas con el caso Venezuela, y solicita el nombramiento de un fiscal independiente para asegurar que la investigación y el enjuiciamiento continúen “sin sesgos o apariencia de conflicto de intereses”.