Exigen la liberación de la activista Rocío San Miguel y advierten por la escalada de la represión en Venezuela: “Es costumbre que se inventen casos”

A cinco días de la detención de la activista venezolana Rocío San Miguel, miembros de varias ONGs exigieron su liberación inmediata y advirtieron de un aumento considerable en la represión contra la disidencia.

“A Rocío San Miguel la detienen en una política del Estado venezolano de criminalizar las organizaciones de la sociedad civil y a sus miembros (...) Vemos una escalada en la profundización de la criminalización y la represión”, declaró la abogada Andrea Santacruz, de la oenegé Civilis, mientras otros coreaban de fondo “¡Liberen a Rocío!”.

San Miguel fue detenida el pasado 9 de febrero en el área de migraciones del aeropuerto internacional de Maiquetía Simón Bolívar, en Caracas, cuando junto a su familia se disponía a abordar un vuelo hacia Miami. El régimen de Nicolás Maduro alegó supuestos delitos de “terrorismo”, “traición a la patria” y “conspiración” tras asegurar un vínculo con el supuesto plan “Brazalete Blanco” que buscaba atacar una base militar en Táchira y, posteriormente, asesinar al dictador. Inclusive, el fiscal general Tarek William Saab, la acusó de tener “una misión como parte de la trama” que consistía en “comunicar en tiempo real los avances de las acciones terroristas que se irían desarrollando”. También sostuvo que “aparece textualmente mencionada” en una orden de operaciones y que había sido ya “delatada por los militares detenidos”.

El equipo de abogados que defiende a la activista, que ya en 2014 había sido acusada de participar en un levantamiento militar, aseguró que el accionar del régimen y la falta de información sobre su paradero o la causa en su contra hacen de ésta una “desaparición forzada”.

Recién el domingo por la tarde, Saab, se dispuso a informar en un breve mensaje en redes sociales de su arresto, aunque aún sin dar datos valiosos. Inclusive, su defensa denunció más de 100 horas de incomunicación con su cliente.

Al respecto, el Fiscal General respondió que el proceso transcurrió “dentro de los lapsos legales correspondientes” y, por tanto, resulta “imposible, señores mitómanos, (que) digan que haya existido en este caso la cualidad brutal (...), que condenamos y que no aceptamos, de desaparición forzada”. “Decir que es una desaparición forzada, aparte de mentir, es una ofensa y se convierte en un delito” cuyo único fin es “enlodar” a las instituciones, continuó.

Por su parte, la víspera se informó del otorgamiento de libertad condicional a cuatro de sus allegados: su hija, Miranda, el padre de ésta, Víctor Díaz Paruta, y dos de sus hermanos, Miguel Ángel San Miguel y Alberto San Miguel.

Finalmente, este miércoles se conoció oficialmente que la Justicia venezolana decretó la “privación judicial de la libertad de la directora de Control Ciudadano” y que dispuso su reclusión en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) en El Helicoide. Se trata de la prisión más cruel del régimen, de dónde han surgido numerosas denuncias por tratos inhumanos, torturas y abusos por parte de las autoridades carcelarias.

Aquel viernes también fue detenida su ex pareja, Alejandro José González Canales, por la “presunta comisión de delitos de revelación de secretos políticos y militares” aunque a éste se le ordenó el arresto “preventivo” en la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM).

“Estamos seguros de que ella no está implicada en ningún hecho ilícito”, agregó Santacruz, a lo que se sumó la voz de Alfredo Romero, de la ONG Foro Penal, que apuntó contra al régimen de Maduro al señalar que “ya es costumbre que se inventen casos en contra de personas para justificar supuestos atentados y actos terroristas”.

La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU sobre Venezuela sumó su “profunda preocupación” por la detención. “No se trata de incidentes aislados, sino de una serie de hechos que parecen formar parte de un plan coordinado para silenciar a los críticos y a quienes se perciben como opositores”, declaró Marta Valiñas, presidenta de la Misión de Investigación y agregó que “corresponde al Gobierno abstenerse de utilizar medidas represivas contrarias a sus obligaciones en materia de derecho internacional de los derechos humanos y de derecho internacional penal”.

En tanto, Estados Unidos, que recientemente levantó varias de sus sanciones sobre Caracas a cambio del compromiso del dictador chavista por garantías de un orden democrático y libre en el país, aseguró estar “profundamente preocupado” por la detención de la activista y dijo estar siguiendo el caso “muy de cerca”.

“Somos conscientes de los informes de que Rocío San Miguel, y creo que un par de miembros de su familia, han sido detenidos. Estamos profundamente preocupados por eso”, declaró el portavoz del Consejo de Seguridad, John Kirby, antes de advertir a Maduro que “necesita cumplir los compromisos que asumió sobre cómo va a tratar a la sociedad civil, a los activistas políticos y a los partidos de la oposición”.

(Con información de AFP)