Rocío Del Carmen San Miguel Sosa nació en Caracas, Venezuela, el 6 de mayo de 1966. Esta abogada y activista de derechos humanos es la presidenta de Control Ciudadano, una organización no gubernamental sin fines de lucro creada el 16 de marzo de 2005; cuya misión es promover y ejercer la contraloría ciudadana sobre los asuntos de la seguridad, la defensa y la Fuerza Armada Nacional.
En los últimos años, San Miguel fue blanco de repetidas acciones de hostigamiento y difamación por parte de altos funcionarios del régimen chavista. Desde acusaciones formales hasta amenazas personales, la defensora de los DDHH vivió bajo una intensa presión debido a su labor de supervisión en temas de seguridad nacional y defensa.
En particular, se destaca el suceso ocurrido el 18 de enero de 2012 cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le otorgó medidas cautelares de protección, una decisión que subraya la gravedad de los riesgos que enfrenta a diario.
Comenzó su carrera en el sector público en el año 2000, trabajando inicialmente en el Ministerio de Infraestructura de Venezuela, para luego adentrarse en el ámbito de la defensa y seguridad nacional.
Su expulsión del ministerio por cuestiones políticas marcó el inicio de una travesía como defensora y vigilante de los procesos militares y de seguridad en el país, fundando Control Ciudadano. Esta ONG se dedica a monitorear la actuación estatal en áreas críticas para la vida pública venezolana, incluyendo el cumplimiento de compromisos internacionales como el Estatuto de Roma y las recomendaciones de la CIDH.
A lo largo de su carrera, San Miguel ocupó puestos de relevancia como investigadora en el Consejo Nacional de Seguridad y Defensa de la Nación, asesora en el Consejo Nacional de Fronteras y consultora jurídica, además de roles académicos en instituciones militares de educación superior.
Sin embargo, su trabajo ha provocado la ira de figuras gubernamentales, enfrentándose a difamaciones públicas y acusaciones peligrosas, incluyendo ser tildada de “espía” y de participar en intentos de golpe de Estado, lo cual fue acentuado en unas declaraciones del dictador Nicolás Maduro en marzo de 2014.
El hostigamiento no se limitó a San Miguel. Su familia también fue objeto de acciones intimidatorias, como el allanamiento a la residencia de su hermano José Manuel en junio de 2012 por parte del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN).
Estos incidentes reflejan las tensiones entre el régimen venezolano y los defensores de derechos humanos.
“Traición a la patria”, “terrorismo” y “conspiración”
El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, informó que la activista —detenida el viernes cuando se disponía a viajar al exterior— será imputada por los delitos de “traición a la patria”, “terrorismo” y “conspiración”.
Saab afirmó en su cuenta en la red social X que el Ministerio Público solicitará al tribunal contra terrorismo la “privación judicial preventiva de libertad en contra de la ciudadana Rocío del Carmen San Miguel Sosa por la presunta comisión de los delitos de traición a la patria, conspiración, terrorismo y asociación, entre otros”.
La defensa de San Miguel había denunciado más temprano que tanto ella como cinco de sus familiares —su hija, dos hermanos, su padre y su ex esposo— sufrieron “desaparición forzada”.
“Esto es un patrón claro de desaparición forzada”, indicó Juan González Taguaruco, uno de los abogados defensores de San Miguel, detenida el 9 de febrero en el área de migración del aeropuerto de Maiquetía.
La Fiscalía también solicitará privación preventiva de libertad para el militar retirado Alejandro José Gonzales De Canales Plaza, ex pareja de San Miguel, por la “presunta comisión de los delitos de revelación de secretos políticos y militares concernientes a la seguridad de la nación, obstrucción a la administración de Justicia y asociación”.
Saab manifestó que estaba en desarrollo una audiencia de presentación de seis ciudadanos, quienes, luego de las investigaciones preliminares de rigor, aparecen presuntamente involucrados en la trama conspirativa denominada “Brazalete blanco”.
El régimen de Venezuela describió a “Brazalete blanco” como un plan para atacar una base militar en Táchira, en la frontera con Colombia, para posteriormente asesinar a Nicolás Maduro. El chavismo suele denunciar planes conspirativos contra el mandatario. En 2023, aseveró que neutralizó cinco “conspiraciones”, en las que involucró a militares, periodistas y activistas de DDHH.
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