La activista venezolana Rocío San Miguel fue enviada al Helicoide, la prisión más cruel del régimen de Maduro

Los tribunales de Venezuela decretaron la privación de libertad contra la activista venezolana Rocío San Miguel, presidenta de la ONG Control Ciudadano, detenida desde el pasado viernes por estar “presuntamente vinculada” con una trama conspirativa para asesinar a Nicolás Maduro y otros funcionarios chavistas, confirmó este martes uno de sus abogados.

“El equipo de defensa de Rocío San Miguel y demás familiares confirma que fue decretada la privación judicial de la libertad de la directora de Control Ciudadano”, informó en X el jurista José González Taguaruco.

Indicó que el lugar de reclusión de San Miguel es la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) en El Helicoide, en Caracas, la prisión más cruel del régimen. Varios de los presos políticos que lograron salir relataron cómo funciona el aparato de torturas dispuesto en el penal por las fuerzas del Estado.

La defensa confirmó también la privativa de libertad contra Alejandro José González Canales, ex pareja de la activista, cuyo centro de reclusión será la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim).

El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, ratificó este martes que San Miguel fue presentada la noche del lunes ante el Tribunal Segundo Contra el Terrorismo, y que el MP solicitó para ella una medida privación de libertad por la “presunta comisión de los delitos de traición a la patria, conspiración, terrorismo y asociación”.

Remarcó también que se solicitó prisión “preventiva” para González Canales por la “presunta” comisión de los delitos de revelación de secretos políticos y militares concernientes a la seguridad de la nación, obstrucción a la administración de justicia y asociación.

Saab aseguró que tanto la activista, como sus cinco familiares, aparecen “presuntamente involucrados” en la trama conspirativa denominada ‘brazalete blanco’, cuyo objetivo era “atentar en contra de la vida del jefe de Estado, Nicolás Maduro, y otros altos funcionarios”.

Ex presidentes iberoamericanos condenan “desapariciones forzadas” de opositores venezolanos

Los ex mandatarios que integran la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA) condenaron este martes las “desapariciones forzadas” de opositores venezolanos, como las sucedidas con dirigentes del partido Vente Venezuela, que lidera la candidata presidencial opositora María Corina Machado y una defensora de los derechos humanos.

“Enterados de que el régimen dictatorial de Nicolás Maduro arremete con saña mediante la práctica de desapariciones forzadas, (...) condenamos tales hechos y alertamos a la opinión pública y la comunidad internacional”, señala la declaración de IDEA, firmada por 27 ex jefes de Estado y de Gobierno de España y América Latina.

Entre los desaparecidos, según el Grupo IDEA, se encuentran Juan Freites, Luis Camacaro, Guillermo López y Víctor Venegas, los cuatro dirigentes de Vente Venezuela, y Rocío San Miguel.

Los ex presidentes iberoamericanos califican estas acciones de “desviaciones de la conducta humana y política” y sostienen que estas “desapariciones forzadas” rememoran “las experiencias totalitarias que llenaron de vergüenza a la Humanidad a mediados del siglo XX”.

En el comunicado, los ex mandatarios recordaron el informe de septiembre de 2023 de la Misión Independiente de Naciones Unidas en el que se da cuenta de “desapariciones forzadas de corta duración, torturas y ejecuciones extrajudiciales”, hechos investigados por la Corte Penal Internacional “para determinar las responsabilidades del régimen de Maduro”.

El pasado diciembre, más de 60 ONG pidieron a la ONU monitorear la “situación de libertades democráticas y derechos humanos” en el país y “pronunciarse oportunamente” sobre este asunto ante los venideros períodos electorales, entre ellos el de las presidenciales, para cuando prevén un aumento de la “represión y persecución.

En las últimas horas, la Misión Internacional Independiente de la ONU para Venezuela, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y Amnistía Internacional, así como cientos de ONG locales, manifestaron su preocupación por la detención de San Miguel y han solicitado al Estado venezolano el respeto a sus derechos.

(Con información de EFE)