Los casos de trata de personas con fines de explotación laboral y sexual han aumentado en los municipios mineros del estado venezolano Bolívar (fronterizo con Brasil), según un estudio de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), que resalta lo particular del flagelo en esta zona, en la que operan grupos criminales.
“A través del monitoreo de medios y redes sociales se ha podido conocer del incremento de situaciones que reportan trata de personas, cuyo destino principal, cuando no es el extranjero, suelen ser los municipios en los que se concentra la actividad minera”, dice el informe sobre la “esclavitud moderna” en esta región sureña.
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La investigación, a cargo del Centro de Derechos Humanos de la UCAB, no indica el número exacto de casos identificados pero señala que el 74 % de las víctimas son mujeres y un 26 % hombres.
“Se determinó que las formas de esclavitud más comunes eran la explotación laboral y sexual. Siendo las mujeres las más propensas a este último tipo mientras que los hombres son captados en su mayoría para trabajos forzados o explotación laboral”, prosigue el escrito.
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Entre los datos expuestos por los investigadores, destaca el rescate de 207 víctimas de trata de personas mediante tres operativos de los cuerpos de seguridad que se llevaron a cabo entre el 20 de mayo y el 10 de junio.
Asimismo, el informe remarca que se mantiene una migración constante hacia esta zona del país, con 3.000 personas que llegan a través de los terminales terrestres cada día, mientras que organizaciones no gubernamentales reportan un flujo diario de 1.500 personas en la frontera con Brasil.
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“La minería ha originado un flujo migratorio significativo hacia los municipios que concentran la actividad extractivista, que ha permitido identificar rutas de movilidad que, tras la investigación, coinciden con los itinerarios empleados para la trata y tráfico de personas en el estado”, agrega la UCAB.
Según organizaciones de derechos humanos, la trata de personas es el delito con mayor crecimiento en Venezuela en los últimos tres años, tiempo en el que las autoridades han atrapado a decenas de personas involucradas en estos crímenes.
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(Con información de EFE)
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