‘Batterygate’ el caso de Apple que afectó a la batería de algunos iPhone

Apple estaría enviado los primeros cheques como resultado de las demandas colectivas que hicieron parte del caso conocido como BatteryGate, una disputa legal se originó en 2017, cuando se descubrió una ralentización en el rendimiento de algunos modelos de iPhone más antiguos.

Una situación que surgió con las actualizaciones del sistema operativo iOS 10, una versión de software que intencionalmente disminuía la velocidad de procesamiento en dispositivos como el iPhone 6, 6 Plus, 6S, 6S Plus, 7, 7 Plus y iPhone SE de primera generación.

Esta práctica, que no fue inicialmente comunicada con transparencia por parte de Cupertino, derivó en múltiples demandas acusando a la empresa de incentivar la compra de nuevos teléfonos antes que la sustitución de las baterías.

Los primeros usuarios en denunciar esta situación lo hicieron desde Reddit y luego las reclamaciones se convirtieron en una acción legal colectiva que genero una disputa judicial que solo se resolvió hasta en 2020.

Año en el que la compañía dirigida por Tim Cook reconoció que había disminuido el desempeño de sus baterías para evitar apagones aleatorios en sus modelos más antiguos. En ese momento, la tecnológica también acordó resolver las demandas con compensaciones monetarias de hasta 500 millones de dólares.

Cuánto recibirán los afectados

Los usuarios afectados por el Batterygate están comenzando a recibir compensaciones monetarias y se han reportado pagos de 92,17 dólares a los demandantes que participaron en la acción colectiva contra la empresa tecnológica.

Las remuneraciones, que inicialmente se esperaban de unos 65 dólares, han empezado a depositarse en las cuentas bancarias de las aproximadamente tres millones de personas que podrían recibir pagos, según lo confirmado por el portal MacRumors.

Además, la actualización reciente del sitio web creado para gestionar el acuerdo confirmó que las transferencias se iniciarían este mes, concluyendo así un proceso judicial de varios años que marcó un precedente importante en cuanto a la transparencia y ética empresarial en la industria tecnológica.

Un caso que impulsa el apoyo al derecho a reparar

El Batterygate también avivó el debate sobre la obsolescencia programada en la tecnología, debido a que actualmente es muy complicado reparar dispositivos electrónicos o electrodomésticos y generalmente resulta más práctico reemplazarlos.

Primero, porque estos últimos están diseñados para ser manipulados solo por empleados de la propia marca y segundo, porque el costo de cualquier arreglo es casi mayor que el de un dispositivo nuevo.

Esta dinámica tan ventajosa para las empresas no lo es tanto para el medio ambiente. Según datos de las Naciones Unidas, en 2019 se reportaron 53,6 millones de toneladas de desechos electrónicos a nivel mundial, una cantidad considerablemente superior a los 44,7 millones reportados en 2014.

Esta situación ha motivado a entidades como la Unión Europea a promover legislaciones que faciliten el derecho a la reparación, buscando revertir la tendencia actual y su impacto ambiental negativo.

Desarrollo del derecho a reparar en Estados Unidos

En línea con estas preocupaciones, el gobierno estadounidense también intervino solicitando a la Comisión Federal de Comercio (FTC) establecer regulaciones que aseguren que los productos tecnológicos puedan ser reparados por personal no afiliado a las marcas.

La medida busca promover la competencia y evitar prácticas que el presidente Joe Biden ha denominado como “anticompetitivas”.

El mandatario subrayó que “denegar el derecho a reparar aumenta los precios” y se mostró satisfecho con el progreso de la FTC en este ámbito.

Biden también destacó la respuesta de gigantes tecnológicos como Apple y Microsoft quienes ya están implementando programas para facilitar la reparación de sus productos por parte de los usuarios

“Muchas empresas han decidido implementarlo antes de que se lo obliguemos a hacer” concluyó el mandatario.