Piden juzgar a una banda acusada por la muerte de un jubilado y múltiples entraderas en CABA: uno de ellos era policía

La Fiscalía de Distrito de Saavedra y Núñez pidió llevar a juicio oral a ocho personas acusadas de integrar una banda de entraderas a la que se atribuye la muerte de un jubilado de 74 años durante un robo en Coghlan. Entre los imputados hay una oficial de la Policía de la Ciudad, señalada por haber usado sistemas de la fuerza para colaborar con la organización.

El requerimiento fue presentado por el auxiliar fiscal Agustín Serra ante el juez Ricardo Rongo, a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 22. Para la acusación, el grupo operó al menos desde julio de 2025 y cometió asaltos en viviendas de Coghlan, Villa del Parque, Villa Devoto y Liniers.

A partir de las pruebas reunidas, los investigadores atribuyeron el liderazgo de la banda a H.G.A., de 45 años, y J.H.T., de 36. Los otros seis acusados son M.R.R., R.D.M., N.S.F.R., M.A.F., J.L.V. y su pareja, la oficial M.N.B.D.C., de 31 años.

La Fiscalía destacó el presunto aporte de la agente de la Policía de la Ciudad al funcionamiento de la organización. Según el requerimiento, utilizó recursos, datos e infraestructura de la fuerza para verificar la situación policial y registral de autos y patentes que empleaba el grupo.

Según plantearon, esas consultas permitían confirmar que las chapas colocadas en los vehículos no figuraran como robadas y que los automotores usados en los asaltos no registraran impedimentos para circular.

En este marco, el pedido de elevación a juicio incluyó distintas calificaciones según la intervención atribuida a cada acusado. Mientras que J.H.T., J.L.V. y R.D.M. están imputados como coautores del homicidio agravado criminis causae, los otros integrantes enfrentan acusaciones por participación necesaria o coautoría en el hecho.

El robo en el que murió Osvaldo Héctor Galella

El hecho central de la acusación ocurrió durante la madrugada del 24 de enero de 2026 en una casa de la calle Núñez al 4000, en el barrio porteño de Coghlan. Allí vivían Osvaldo Héctor Galella, de 74 años, y su esposa, de 73.

De acuerdo con la reconstrucción publicada por el sitio Fiscales, tres imputados ingresaron cerca de las 04:30 horas tras forzar la reja de una ventana. Una vez dentro, despertaron a la pareja a golpes y exigieron dinero.

En ese momento, Galella intentó defender a su esposa, pero dos de los asaltantes lo redujeron y ataron. Un tercero le habría tapado la boca mientras golpeaba a la mujer para que indicara dónde guardaban dinero. En ese contexto, el jubilado se descompensó y murió.

La autopsia realizada por el Cuerpo Médico Forense estableció que la muerte se produjo por una “cardiopatía hipertrófica e isquémica-congestión pulmonar”. Así, la Fiscalía calificó el episodio como homicidio agravado criminis causae, al sostener que la violencia desplegada durante el robo provocó la muerte.

Pese a que la esposa de Galella les pidió que lo auxiliaran, los delincuentes siguieron con el asalto. Finalmente, se llevaron dinero, joyas y el celular de la víctima. Según la acusación, M.R.R. y M.A.F. habrían realizado tareas de vigilancia antes y durante el hecho, con la intención de definir cuál de las casas de la zona sería el blanco de su próxima entradera.

Por su parte, la esposa de Galella declaró sobre la violencia que padeció durante el asalto y las consecuencias que tuvo la muerte de su marido, con quien había estado casada durante 54 años. “Estos señores robaron lo más importante para mí, la vida de mi marido. Lo que se llevaron no me importa, pero arruinaron mi familia”, expresó en la causa.

A raíz de lo acontecido, la mujer indicó que debió mudarse y que aún no puede regresar a la casa para retirar sus pertenencias. “Por dos pesos se llevaron la vida de mi marido. Es tan fuerte lo que pasó, que no puedo volver a mi casa a sacar las cosas”, sostuvo. También reclamó que los responsables sean condenados.

La Fiscalía vinculó el homicidio con otras entraderas

La investigación por la muerte de Galella permitió relacionar el caso con otra causa que analizaba robos cometidos desde julio de 2025. En este sentido, los investigadores señalaron coincidencias en la modalidad, los vehículos usados y la participación de los sospechosos.

Según la acusación, el grupo elegía viviendas particulares, vigilaba los movimientos de sus ocupantes y avanzaba cuando consideraba que podía sorprenderlos dentro de las casas. Algunos miembros forzaban accesos e ingresaban, mientras otros permanecían afuera como apoyo, vigilancia y vía de escape.

En los episodios atribuidos, las víctimas fueron golpeadas, amenazadas y atadas. Los ladrones buscaban dinero, joyas, dispositivos electrónicos y otros objetos de valor.

Entre los hechos investigados figura un robo cometido el 14 de julio de 2025 en Estomba al 3100, también en Coghlan. Allí, los asaltantes redujeron a una mujer y a su sobrino de 16 años, los ataron con precintos y los encerraron en un baño antes de escapar con dinero, joyas, documentos y distintos objetos.

También se les atribuyó robos en septiembre y octubre de 2025 en Villa del Parque, Villa Devoto y Liniers. En uno de esos asaltos, registrado en una casa de Villa Devoto, un teléfono que J.H.T. habría dejado en el lugar se convirtió en una de las pruebas que permitió identificar a los sospechosos.

Además, la organización contaba con varios vehículos: un Renault Sandero, un Toyota Corolla y un Peugeot 208 blancos; un Chevrolet Spin azul; un Fiat Grand Siena y un Fiat Cronos grises, y un Toyota Yaris negro.

En este sentido, los investigadores sostuvieron que la banda quitaba las patentes de los autos o las sustituía por chapas de vehículos similares que habían sido robadas. El objetivo era evitar controles y reducir el riesgo de detección durante los traslados.

De hecho, comprobaron que el Toyota Yaris utilizado por quienes habrían ingresado a la vivienda de Galella había sido robado en Haedo en septiembre de 2025. Para la Fiscalía, circulaba con identificaciones sustraídas ese mismo día de otro auto similar estacionado en el barrio de Vélez Sarsfield.

Durante los allanamientos, se secuestró una pistola Sig Sauer calibre 9 milímetros en la vivienda que la oficial policial compartía con J.L.V. En poder de H.G.A., en tanto, se halló un revólver Smith & Wesson calibre .32 largo.