Un allanamiento realizado el viernes 18 de septiembre en Río Gallegos, Santa Cruz, fue ordenado después de que reportes del National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC) y una investigación de la División Cibercrimen alertaran sobre una presunta tenencia y divulgación de Material de Abuso Sexual Infantil (MASI).
Durante el procedimiento, la Policía secuestró teléfonos, computadoras y otros soportes electrónicos que serán sometidos a peritajes, mientras que la persona vinculada al expediente recuperó la libertad y quedó a disposición de la Justicia.
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La medida se concretó pasado el mediodía en una vivienda situada en el sector donde antes funcionaban “Las Casitas”, detrás de la terminal de colectivos. La orden fue emitida por la magistratura penal interviniente después de una pesquisa de la División Cibercrimen, que reunió información a partir de alertas remitidas desde Estados Unidos.
De acuerdo con La Opinión Austral, la causa busca determinar si los equipos incautados contienen archivos relacionados con el hecho investigado y si existe una eventual conexión del ocupante del domicilio con la difusión de ese material. El resultado de los análisis técnicos será central para definir los próximos pasos del expediente.
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Los reportes internacionales que iniciaron la investigación
Uno de los elementos que dio impulso a la investigación fueron los avisos emitidos por el NCMEC, una organización estadounidense dedicada a colaborar en la búsqueda de menores desaparecidos y en la detección de situaciones de explotación sexual infantil en entornos digitales.
La entidad recibe reportes a través de CyberTipline, un sistema mediante el cual proveedores de servicios de internet y particulares pueden comunicar posibles delitos cometidos contra niños, niñas y adolescentes en línea. Esas comunicaciones pueden incluir datos técnicos que permiten a las autoridades orientar tareas de identificación e iniciar investigaciones.
En esos reportes suele incluirse información que permite orientar las primeras averiguaciones, como datos asociados a la actividad en línea. La recepción de una alerta no acredita por sí misma la comisión de un delito, pero puede constituir un punto de partida para que las autoridades locales identifiquen domicilios, soliciten medidas judiciales y profundicen la pesquisa.
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Tras recibir los reportes, el personal especializado de la División Cibercrimen realizó tareas investigativas y reunió información que luego fue puesta a consideración de la autoridad judicial. Con esos elementos, la magistratura penal interviniente ordenó el allanamiento en el domicilio ubicado en Río Gallegos, según informó La Opinión Austral.
El procedimiento estuvo a cargo de efectivos dependientes de la Dirección General de Investigaciones y de la Superintendencia de Policía Judicial e Investigaciones. También participó el asesor y coordinador del Ministerio de Seguridad, de acuerdo con el comunicado oficial.
El avance de la causa
Los dispositivos secuestrados serán sometidos a peritajes para establecer si contienen información relacionada con los reportes que dieron origen al expediente y si existe alguna vinculación con el hecho investigado. El resultado de esos análisis, junto con las restantes medidas de prueba, será evaluado por la Justicia.
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El secuestro de los equipos no permite atribuir responsabilidades penales de manera automática. La situación procesal de la persona investigada dependerá de las conclusiones de las pericias y de las decisiones que adopte la magistratura.
La Policía informó que la persona vinculada a la causa rechazó el examen del médico policial. Después del procedimiento, fijó domicilio y quedó a disposición de la Magistratura Penal, conforme a las directivas de la Secretaría Penal de Turno.
Que haya quedado en libertad tras el allanamiento no implica el cierre de la investigación. La causa continuará con el análisis de los dispositivos y con las medidas que la Justicia considere necesarias, en función de los resultados de las pericias judiciales pendientes.
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