Imputaron al ex procurador general de Jujuy por peculado luego de que renunciara a su cargo

Después de que Sergio Enrique Lello Sánchez renunciara a su cargo como procurador general de la provincia de Jujuy, tras dirigir por casi una década el Ministerio Público de la Acusación (MPA), fue formalmente imputado por peculado de servicio. Durante una audiencia celebrada en los tribunales jujeños, fue acusado por la comisión de 20 hechos.

Los cargos le fueron atribuidos luego de que la fiscal Daiana Alejandra Serrano Antar le leyera los cargos correspondientes al Legajo N° 15.345/2026, en donde lo acusó por la presunta comisión de veinte hechos en concurso real.

Durante la exposición fiscal, el ex funcionario judicial fue señalado por presuntamente haber tenido un accionar ilícito entre junio de 2021 y marzo de 2025, período en el que el MPA centralizó denuncias y causas de alta conflictividad social.

Según la hipótesis planteada por la Fiscalía, Lello Sánchez habría utilizado personal y recursos materiales del organismo para beneficio propio y de su familia. Aunque los beneficios habrían alcanzado a su entorno íntimo, fuentes judiciales confirmaron a Jujuy al Momento que su esposa no sería imputada por el momento.

El expediente detalla entre 17 y 20 hechos de peculado de servicio. A pesar de que el núcleo de la acusación es el uso indebido de personal para fines familiares, los investigadores evalúan si los dispositivos incautados contienen pruebas de operaciones de mayor escala, como el presunto armado de causas y persecución ilegal en el marco del caso Pederiva-Atauche, vinculado a un presunto espionaje y manipulación de pruebas.

Frente a estas acusaciones, Lello Sánchez optó por defenderse personalmente y presentó la recusación de la fiscal Serrano Antar, movimiento que deja la continuidad de la causa sujeta a la decisión del juez de control. Mientras tanto, el ex jefe de fiscales permanece imputado en libertad bajo los términos del artículo 280 del Código Procesal Penal.

De acuerdo con el artículo 261 (segundo párrafo) del Código Penal, se prevén penas de 2 a 10 años de prisión e inhabilitación absoluta perpetua para el funcionario público que emplee en provecho propio o de terceros servicios pagados por el Estado. No obstante, al aplicarse el artículo 55 de concurso real para hechos independientes, la suma de penas podría aumentar considerablemente.

La causa penal se originó tras la crisis institucional ocurrida el 2 de octubre del año pasado, cuando la Cámara de Diputados provincial dio curso a un pedido de juicio político impulsado por el diputado Facundo Figueroa Caballero contra Lello Sánchez y el procurador adjunto Ignacio Pasquini.

La denuncia surgió de varios ex fiscales que habían sido desplazados por el propio Lello Sánchez, después de que se filtraran a la prensa varios chats en los que la jueza de Corte Laura Lamas González; el sacerdote Luis Bruno, acusado por abuso sexual, y el obispo de Jujuy, César Fernández, se ponen de acuerdo para ofrecerle 10 mil dólares a la víctima con el fin de silenciarlo.

Poco después, el ex procurador había informado que la víctima había presentado una denuncia contra los tres implicados, por lo que el hecho se encontraba bajo investigación. Asimismo, negó que la filtración hubiera sido propiciada por el Ministerio Público de la Acusación.

En medio de este contexto, el vicegobernador y presidente de la Legislatura, Alberto Bernis, remitió el pedido a la Comisión Investigadora, que dispuso la suspensión inmediata de ambos funcionarios para evitar la alteración de pruebas.

Luego de que Lello Sánchez renunciara a su cargo en agosto pasado, la investigación se consolidó con el allanamiento de la sede central del MPA en la calle Sarmiento. Durante el operativo, la Policía secuestró computadoras de escritorio, notebooks, netbooks, discos rígidos, servidores, teléfonos corporativos, registros de subastas institucionales y legajos personales de funcionarios y magistrados. El material obtenido constituye la base probatoria central de la acusación.