Fraude en la Legislatura de Neuquén: imputaron a otras tres personas y la ex vicegobernadora sumó nuevos cargos

En medio de la investigación por administración fraudulenta en perjuicio del Estado de Neuquén, el fiscal Juan Narvaez amplió los cargos que deberá enfrentar la ex vicegobernadora Gloria Ruiz por presuntas contrataciones irregulares. Además, la causa sumó cuatro nuevos imputados.

En una audiencia realizada este lunes, fueron incorporados como imputados S. R., P. A. S., P. S. y M. A. C. De la misma manera, se incrementaron las acusaciones sobre la ex secretaria de Cámara María Isabel Ricchini y la ex prosecretaria administrativa Élida Noemí Sánchez.

No obstante, el juez de garantías Juan Manuel Kees dispuso un cuarto intermedio hasta el próximo jueves para concluir la audiencia. Según informó el Ministerio Público Fiscal (MPF) de Neuquén, todavía resta escuchar las respuestas de las defensas.

En línea con esto, indicaron que la Fiscalía aún debe presentar un nuevo hecho por parte de la Fiscalía, tras lo cual el magistrado deberá resolver si avala la formulación de cargos y los plazos de investigación debido al ingreso de nuevos imputados.

La investigación involucra maniobras de administración fraudulenta que, según el MPF, se cometieron durante la gestión de Ruiz al frente de la Legislatura provincial. El caso ya había derivado en la condena de Pablo Ruiz, su hermano y ex coordinador de Casa de las Leyes, quien el 5 de junio reconoció su responsabilidad en maniobras de peculado y administración fraudulenta.

Con este antecedente, durante la audiencia, Narvaez amplió la acusación al sumar nuevos partícipes y un hecho vinculado a contrataciones irregulares. Entre ellas, la contratación directa de la firma Big Sur Marketing, por la cual Ruiz, Ricchini y Sánchez habían sido imputadas en octubre de 2025.

De acuerdo con los elementos obtenidos, la Fiscalía atribuyó a S. R., socio gerente de la empresa, haber colaborado esencialmente para concretar una contratación directa que causó un perjuicio económico de $45.012.000 al Estado, ya que eludió los mecanismos de selección establecidos en la Ley N° 2141 sin justificación válida.

El hecho investigado reveló que la contratación se realizó por vía de excepción, pese a que el monto exigía un proceso competitivo. Por este motivo, para el fiscal Narvaez, la empresa fue beneficiada sin cumplir los requisitos legales.

El fiscal también amplió la investigación sobre servicios gráficos y publicitarios suministrados por P. A. S. a la Casa de las Leyes. Se le adjudicaron 16 contrataciones por un total de $45.482.688,05, tramitadas fuera del marco de la Ley de Administración Financiera.

Según la acusación, las prestaciones se concretaban previamente y luego se iniciaban los trámites administrativos para legitimar los pagos, práctica en la que intervinieron Pablo Ruiz, Ricchini y Sánchez. A raíz de esto, la Fiscalía atribuyó a P. A. S. el rol de partícipe necesario en administración fraudulenta agravada por perjuicio a la administración pública.

Otro de los hechos atribuidos involucraría una maniobra para asegurar la continuidad de P. S. como jefe del área de prensa de la Legislatura, pese a que había sido dado de baja en abril de 2024. De acuerdo con la acusación de la fiscalía, el acusado continuó ejerciendo funciones a través de la contratación de M. A. C., su pareja, mediante un contrato de locación de servicios que formalmente la vinculaba a tareas de asesoramiento legislativo.

En este sentido, el MPF sostuvo que la acusada nunca realizó los servicios por los cuales fue contratada y que la maniobra permitió canalizar pagos a P. S., quien estaba inhabilitado para ser proveedor del Estado por su condición de ex funcionario. También indicaron que, entre julio y noviembre de 2024, la Legislatura transfirió a M. A. C. un total de $19.503.000 por servicios inexistentes.

Bajo este punto de vista, el equipo de la fiscalía de Delitos Económicos, integrado además por Tanya Cid y Facundo Bernat, calificó los hechos como administración fraudulenta agravada en perjuicio de la administración pública. Asimismo, reafirmaron que las maniobras investigadas causaron un perjuicio millonario al Estado provincial.