A un mes del derrumbe en Parque Patricios: el lugar está habilitado, los vecinos denuncian fallas y COSUD se defiende

Se cumple un mes del derrumbe ocurrido el pasado martes 3 de marzo en el Complejo PROCREAR de Parque Patricios, que provocó la evacuación de unas 300 familias de sus departamentos que todavía sufren las consecuencias del episodio. Aquella madrugada, una losa colapsó sobre el estacionamiento del lugar, destruyó decenas de vehículos y generó un peligro estructural que volvió temporalmente inhabitable el predio. A 31 días del alarmante hecho, hay una causa judicial en curso por estrago culposo, pero aún sin responsables.

A lo largo de estas semanas hubo numerosas inspecciones en el complejo. Además, trabajó personal del Gobierno de la Ciudad, especialistas, bomberos y gente de la constructora COSUD, que estaba a cargo de la obra y es la principal apuntada por los vecinos denunciantes.

En este contexto, las autoridades porteñas resolvieron el pasado 18 de marzo que ya no había peligro de derrumbe, por lo que levantaron la clausura y habilitaron el regreso parcial de los residentes evacuados a sus casas. Sin embargo, desde entonces, empezaron a acumularse más denuncias por fallas y los vecinos dicen tener miedo de estar ahí.

Desde la habilitación del lugar, personal de emergencias debió acudir de urgencia varias veces al complejo. Una fue tras la advertencia de una mujer, que dijo que su ventana había sufrido un desplazamiento repentino que le provocó la ruptura de los vidrios de su casa. En las últimas horas, otro estruendo asustó a los habitantes: fue una falla en un ascensor, que terminó siendo inhabilitado.

“Mientras el GCBA dice que el edificio es “habitable” y levanta parcialmente la clausura, en la realidad los vecinos siguen viviendo en condiciones totalmente precarias. Alrededor de las 21 horas, varios vecinos escucharon un estruendo muy fuerte dentro del edificio. Ese ruido terminó siendo consecuencia de un ascensor que quedó trabado, situación que motivó la intervención del Cuerpo de Bomberos, quienes finalmente procedieron a inhabilitarlo por razones de seguridad", explicó a Infobae uno de los abogados que representa a los damnificados.

Y agregó: “Esto lo vuelve todavía más grave: los ascensores, que son algo básico para poder vivir en el edificio, no solo no funcionan correctamente, sino que además representan un riesgo concreto. Y acá aparece la pregunta más preocupante: ¿Qué pasaba si alguien quedaba atrapado en ese ascensor o si ocurría una falla grave, como una caída? ¿Quién se hacía responsable? Encima esos ascensores estaban habilitados, con su oblea correspondiente, mientras oficialmente se sigue sosteniendo que el edificio está en condiciones”.

En este sentido, los residentes dicen no entender por qué los habilitan a regresar a sus departamentos si “ni siquiera funcionan servicios esenciales o, peor aún, funcionan con fallas peligrosas”.

La empresa COSUD, por su parte, emitió un comunicado al que accedió este medio donde informó que a un mes del episodio el edificio está estructuralmente estable y “ya no existen impedimentos para el regreso de los vecinos”. En el escrito, la constructora destacó que intervino desde el primer momento, “financiando alojamiento y alimentación para aproximadamente 300 vecinos y más de 50 mascotas".

Sobre la situación actual, desde la compañía dijeron que más del 90 % de los departamentos ya recuperaron el servicio eléctrico, el gas y la red de agua, y que el trámite de restitución debe gestionarlo cada propietario con los proveedores de servicios públicos.

Para los casos particulares, señalaron que extendieron la estadía en hoteles para 11 familias que requieren atención especial. La empresa sostiene que esta prórroga refleja una gestión adaptada “a la situación individual de cada vecino afectado”.

El comunicado enfatiza que COSUD “priorizó la seguridad de los residentes afectados” e informa que la empresa “continuará informando oportunamente sobre nuevos avances”.

La causa judicial

Por el momento, la causa judicial sigue en etapa de investigación y las decisiones sobre el estacionamiento y la remoción de escombros dependerán de las autorizaciones oficiales. No obstante, semanas atrás, los abogados Fernando Burlando y Gabriel Fiedotin, que representan a los damnificados, pidieron a la fiscal María del Rosario Selvatici la “imputación inmediata” de los responsables de la obra.

El pedido apuntó directamente contra las autoridades de la Constructora Sudamericana (COSUD) y del Banco Hipotecario, a cargo del fideicomiso que administra el proyecto. Según la acusación, ya hay “elementos de prueba directa y presuntiva que determinan la responsabilidad penal en el delito investigado”.

Los abogados querellantes sostienen que desde el colapso de la losa, el edificio quedó en grave un estado de deterioro: señala que hay rajaduras y grietas, y que no tiene condiciones mínimas de seguridad ni habitabilidad.

El escrito también cuestiona a la fiscal por la habilitación parcial del edificio para su ocupación sin “garantías técnicas independientes, pese a la existencia de un cráter enorme provocado por el colapso de la losa”. En este sentido, remarcó que, aunque el área está vallada, no evita que el riesgo persista para las familias, entre ellas menores de edad.