Este miércoles, inicia el juicio oral y público contra José Eduardo Figueroa, acusado de asesinar a su esposa, Mercedes Jiménez Kvedaras, dentro del barrio cerrado El Tipal, en Salta el 4 de agosto de 2023. La apertura del proceso, en la Sala de Grandes Juicios del Poder Judicial, marca un hito en la provincia, tanto por el despliegue técnico previsto como por la expectativa social en torno al caso.
La secuencia comenzó aquella mañana, cuando Figueroa, de 47 años y abogado, envió un mensaje de WhatsApp a un amigo íntimo: “No puedo con esto”. El destinatario, conocedor de la reciente separación de la pareja, acudió a la vivienda y, al no recibir respuesta, alertó al 911. La Policía desplegó un operativo cerrojo en el country hasta ubicar el Volkswagen familiar en un terreno baldío, colindante a una propiedad de la familia del imputado.
Al inspeccionar el vehículo, los agentes hallaron a Mercedes Jiménez Kvedaras, de 37 años, sin vida en el asiento trasero, mientras que Figueroa se encontraba en estado crítico, con lesiones de arma blanca en el cuello y las muñecas. De acuerdo con la información a la que pudo acceder el medio local El Tribuno, la hipótesis inicial de un accidente doméstico fue refutada por el Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), que determinó que la causa de muerte fue una asfixia mecánica mixta, combinando estrangulamiento manual y sofocación. Los forenses documentaron un total de 40 lesiones, entre ellas un golpe en el rostro compatible con un puñetazo técnico, marcas de presión en el cuello, raspaduras en las rodillas y una herida punzante superficial en la zona lumbar. El informe permitió reconstruir que el ataque se originó en la vivienda y que Figueroa trasladó el cuerpo al automóvil, buscando ocultar el crimen.
El debate oral, que se extenderá hasta el 4 de mayo de 2026, contará con la intervención de los jueces Cecilia Flores Toranzos, Eduardo Sángari y Leonardo Feans. El cronograma judicial prevé la citación de 80 testigos, incluyendo familiares, amigos, 10 efectivos policiales, 15 profesionales médicos y 18 peritos de distintas especialidades, desde criminalística hasta genética molecular. Además, especialistas en informática forense analizarán los dispositivos digitales de la víctima y el imputado. Según informó el medio tucumano La Gaceta, en el juicio cobrará centralidad el abordaje de la salud mental, con la intervención de 9 psicólogos y psiquiatras, quienes elaborarán informes sobre el perfil del acusado.
La protección de los hijos menores de la pareja constituye otro eje del proceso. Sus testimonios serán reproducidos mediante sistemas de circuito cerrado de televisión, con el objetivo de resguardar su integridad psicofísica y evitar la revictimización, de acuerdo con lo dispuesto por el tribunal.
La fiscal de la Unidad de Femicidios (UFEM), María Luján Sodero Calvet, sostiene la acusación de femicidio y solicita la pena de prisión perpetua para Figueroa. “La prisión preventiva sigue siendo la única vía para garantizar que el imputado comparezca al juicio, debido al peligro de fuga vinculado a la expectativa de una condena”, argumentó la representante del Ministerio Público. Tanto el abogado querellante Jorge Ovejero como la asesora de Incapaces Martha Bustos respaldaron la postura de la Fiscalía.
El proceso de llegada del imputado al banquillo no estuvo exento de debates técnicos. En febrero de 2024, la Sala IV del Tribunal de Juicio prorrogó la prisión preventiva del acusado por un año, medida que cumple en la Unidad Carcelaria 1 de Salta desde agosto de 2023. La defensa, a cargo de Juan Casabella Dávalos, solicitó el arresto domiciliario con monitoreo electrónico y el pago de una caución, además de asumir los gastos de vigilancia policial, propuestas que fueron rechazadas por el tribunal. Los jueces consideraron que solo la privación de libertad efectiva garantiza la plena realización del juicio.
Durante la audiencia que definió la nueva integración del tribunal, se registraron tensiones y objeciones sobre la modalidad de sorteo que designó a Eduardo Sángari como presidente del tribunal, procedimiento objetado por la Fiscalía y la querella, aunque finalmente se desestimaron los reclamos, según consignó Infobae. Además, el debate estuvo atravesado por un incidente de violencia verbal entre el defensor Casabella Dávalos y la fiscal Sodero Calvet, episodio que motivó el llamado al orden por parte del tribunal.
La acusación sostiene que la evidencia científica reunida en agosto de 2023 permitirá esclarecer los hechos y transformar la investigación en una sentencia definitiva.
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