El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires solicitó formalmente ser reconocido como parte acusadora en la investigación sobre el derrumbe en el complejo habitacional de PROCREAR ubicado en el barrio Estación Buenos Aires de Parque Patricios.
El pedido se formalizó este miércoles ante la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 31, donde tramita la causa judicial por estrago culposo. La solicitud se fundamenta en el impacto directo del hecho sobre el Estado porteño, que debió movilizar recursos y asumir costos adicionales tras el colapso de la losa que destruyó el estacionamiento subterráneo del lugar.
En el documento, al que accedió Infobae, el Gobierno porteño sostiene que el daño no fue solo material o sobre terceros, sino que también impactó en la gestión cotidiana. Remarca que el despliegue incluyó “la coordinación de recursos públicos extraordinarios vinculados con tareas de rescate, atención sanitaria, inspección técnica, defensa civil, seguridad y control del espacio público”, además de evacuaciones preventivas y asistencia a personas desplazadas.
Asimismo, las autoridades remarcaron el uso de partidas presupuestarias y personal para “restablecer condiciones adecuadas de seguridad” en la zona y contener a los afectados. Estos gastos y esfuerzos -subrayan- “exceden la simple obligación general de prestar servicios y se vinculan directamente al hecho investigado”.
Por este motivo, recurrieron al artículo 11 del Código Procesal Penal de la Ciudad, que habilita la figura de “tercero coadyuvante”. Este término señala a quien, sin ser denunciante inicial, puede intervenir penalmente en una causa porque sufrió un daño propio derivado del hecho investigado.
Qué implica ser tercero coadyuvante o querellante
La decisión fue autorizada por el procurador general Martín Ocampo. Este acto administrativo habilita a los profesionales de la Dirección General de Asuntos Penales a intervenir en la causa e impulsar medidas para proteger el interés público.
Al ser “tercero coadyuvante” o “querellante”, el Gobierno de la Ciudad accede al expediente, puede aportar pruebas, pedir medidas y proponer líneas de investigación. También puede reclamar la reparación o el resarcimiento de los gastos extraordinarios asumidos por el Estado en la emergencia.
El escrito solicita, además, la “vista completa del legajo” y el acceso a todas las actuaciones de la investigación. Invoca, para ello, la Ley 27.372 de Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de Delitos, que reconoce derechos especiales a quienes sufren consecuencias directas de un ilícito.
De esta manera, el Gobierno porteño busca participar de la etapa clave de recolección de pruebas y control de la investigación. El objetivo, señalan, es garantizar una respuesta institucional que no quede limitada a la sanción penal de los responsables, sino que también contemple la compensación por el impacto sobre el sector público.
El derrumbe
El derrumbe ocurrió el pasado 3 de marzo, cuando el colapso de una losa de 50 x 70 metros destruyó decenas de autos en el subsuelo y obligó a la evacuación de más de 200 personas. La emergencia se originó en el Sector 2 del complejo, donde la empresa COSUD desarrollaba trabajos para resolver filtraciones reclamadas desde 2022.
El episodio, según documentos judiciales y técnicos, pudo atribuirse a sobrepeso y falta de mantenimiento. El informe del Cuerpo de Bomberos sumó que la losa presentaba desprendimientos de recubrimiento, deformaciones y problemas de vinculación estructural, además de la presencia de 70 centímetros de suelo natural sobre la losa, un aspecto inusual en este tipo de construcciones.
En las últimas horas, los abogados que representan a los damnificados pidieron la imputación inmediata de los responsables de la obra: la constructora COSUD y el Banco Hipotecario, a cargo del fideicomiso que administra el proyecto.
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