En el marco de las políticas impulsadas por el Ministerio de Seguridad Nacional para la lucha contra el narcotráfico, efectivos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA) lograron desarticular una banda que operaba en la ciudad de General Pico, provincia de La Pampa. Era dirigida desde el penal de Santa Rosa.
Las investigaciones comenzaron en agosto de 2025, luego de que una denuncia anónima advirtiera sobre actividades de narcomenudeo en el Barrio Federal de General Pico. De acuerdo con la información proporcionada, la División Antidrogas General Pico inició tareas de inteligencia, seguimiento y análisis de pruebas, que permitieron reconstruir el funcionamiento interno de la red criminal.
Con base en los trabajos de campo y la recolección de pruebas, los investigadores lograron identificar que la organización estaba dirigida desde una celda de la Unidad 4 del Servicio Penitenciario Federal de Santa Rosa. Las autoridades detallaron que el recluso a cargo coordinaba las operaciones en conjunto con una mujer que actuaba en el exterior. Ambos eran pareja.
Las pesquisas incluyeron seguimientos discretos y el entrecruzamiento de comunicaciones, lo que permitió establecer los roles y métodos de la estructura. Según se informó, la mujer principal investigada mantenía contacto frecuente con el recluso, facilitando la distribución y venta de estupefacientes en distintos puntos de la ciudad. El resto de la organización se encargaba de la logística para el narcomenudeo en el Barrio Federal, donde la denuncia inicial había alertado sobre el movimiento ilícito.
Una vez reunidas las pruebas, el magistrado interviniente dispuso la realización de tres allanamientos simultáneos en diferentes domicilios de General Pico y un procedimiento adicional en la celda del interno en Santa Rosa. Como resultado de los operativos, los efectivos de la Policía Federal Argentina detuvieron a dos mujeres de 39 y 71 años, ambas de nacionalidad argentina. El recluso fue formalmente imputado en la causa, quedando bajo investigación judicial.
Durante los procedimientos, los agentes incautaron dosis de cocaína listas para su distribución, tres balanzas digitales, un posnet utilizado para las transacciones vinculadas a la comercialización de la droga, y la suma de 5.815.000 pesos en efectivo. También se secuestraron cuadernos con anotaciones que documentaban la actividad delictiva dentro y fuera de la prisión.
El operativo permitió desarticular una red que, según las autoridades, coordinaba la venta de drogas desde el interior de una celda, articulando tareas con personas en libertad que se encargaban de la entrega y el cobro del dinero. El hallazgo de los cuadernos en la celda resultó clave para reconstruir el esquema de funcionamiento de la banda y determinar la vinculación directa entre el recluso y las dos mujeres detenidas.
Las personas aprehendidas, así como los elementos secuestrados, quedaron a disposición del magistrado interviniente por infracción a la Ley 23.737 de estupefacientes. La causa sigue su curso en el fuero federal, donde se evalúa la eventual ampliación de imputaciones a otros posibles involucrados.
La investigación determinó que el recluso utilizaba diferentes mecanismos para comunicarse con sus cómplices en el exterior, valiéndose de llamadas telefónicas, mensajes y anotaciones manuscritas. Parte de la logística incluía la utilización de aparatos electrónicos y el manejo de dinero en efectivo, lo que permitía mantener activa la comercialización de drogas a pesar de la condición de encierro.
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