
La causa por estrago culposo que investiga las responsabilidades en torno al derrumbe del complejo PROCEAR de Parque Patricios acumula una serie de pruebas que ponen bajo la mira a la Constructora Sudamericana S.A. (COSUD), encargada de la obra.
En el expediente, que tramita en la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 31, a cargo de la fiscal María del Rosario Salvetici, la compañía ya fue nombrada varias veces por testimonios que cuestionaron su accionar previo al colpaso y que subrayaron maniobras sospechosas de sus autoridades tras incidente.
El desprendimiento de la losa de 50 x 70 metros que cayó sobre un estacionamiento subterráneo, destruyó decenas de autos y provocó la evacuación de más de 200 vecinos, ocurrió en el Sector 2 del complejo, donde la empresa estaba realizando tareas para atender un problema de filtraciones reclamado desde 2022.
Según declaró el propio administrador del lugar, este conflicto estructural afectaba principalmente a las cocheras del subsuelo y muchas veces se había pedido intervención inmediata tanto al Banco Hipotecario -que impulsó el fideicomiso del lugar y era el encargado de su mantenimiento- como, posteriormente, a COSUD. La filtración era generada por lluvias y problemas de drenaje en el patio central ubicado justo arriba de estas.

A lo largo de los años 2023, 2024, 2025 y hasta enero 2026, la constructora fue interpelada a través de mails, intercambios y notificaciones formales, incluyendo dos cartas documento. La primera no tuvo respuesta; la segunda sí: aseguraron que iban a comenzar con reparaciones, pero que no iban a formalizar sus acciones en ningún convenio escrito.
Durante un tiempo, los goteos se taparon con trabajos superficiales e insuficientes. Ante la persistencia de las quejas, que remarcaban que era un peligro estructural, en febrero de este año la compañía llevó excavadoras y otros materiales pesados para hacer un arreglo profundo.
En los días previos al derrumbe, COSUD manipulaba maquinaria en el predio para mejorar el drenaje del patio central, que se ubicaba justo encima del estacionamiento afectado. Tras el colapso, ocurrido en la madrugada de 3 de marzo, el personal de la constructora se hizo presente en el lugar: primero sólo a través de su representante legal; pero luego se apersonaron sus autoridades y manifestaron su intención de colaborar.

En ese contexto es que quedó asentada en la causa una maniobra sospechosa. La mencionó una de las inspectoras convocadas por la Oficina de Siniestros de la Ciudad de Buenos Aires para hacer el levantamiento de muestras en la zona tras el hecho, quien también declaró ante la fiscalía.
La mujer contó que ese día tomó fotografías, grabó videos y puso al resguardo material de interés para el caso, al tiempo que los representantes de COSUD hacían lo propio por sus medios.
Entre las consultas que le hicieron a la inspectora sobre su intervención en la escena, le preguntaron si pudo advertir alguna anomalía en el procedimiento. “Hubo una situación”, respondió ella.

Y se explayó: “La empresa quería que nosotros usaramos las muestras que a ellos le sobraban de cada sector que habían tomado, pero les expliqué que se requiere hacer una documentación para yo poder visualizar in situ la extracción de la muestra y su respectiva procedencia”.
Entonces, la mujer recordó que el encargado de COSUD le preguntó si era necesario el proceso. “Yo le dije ‘si, porque lo solicita la Fiscalía y es el procedimiento que nosotros tenemos que cumplir’ y ahí se pusieron a disposición”.
El abogado Fernando Burlando, que representa a más de 100 víctimas en la causa, pidió a la Justicia investigue tanto a la empresa constructora, sus directivos y técnicos responsables, como a todos los profesionales y entidades que intervinieron en el diseño, cálculo estructural, dirección y control de la obra.

Entre los reclamos destacados, denunciaron la presunta contaminación del lugar del derrumbe: aseguraron que una retroexcavadora ingresó sin previo aviso al área del colapso cuatro días después, cuando el edificio aún seguía evacuado, y que hubo personal jerárquico de COSUD presente durante la remoción de escombros.
Según los denunciantes, la utilización de esa maquinaria pudo haber alterado o destruido evidencia relevante para la investigación penal: “La utilización de maquinaria pesada en el lugar del derrumbe podría haber implicado la alteración de la escena del hecho, ocultamiento de pruebas, encubrimiento de los hechos, extracción de materiales esenciales para la investigación”, afirma la presentación del abogado Burlando.
Solicitaron que también se examine el desempeño de inspectores, autoridades y técnicos de seguridad que debían controlar la construcción, una pericia técnica independiente y que intervenga la Brigada Especial de Rescate USAR de la Policía Federal, con experiencia en derrumbes urbanos.
Asimismo, reclamaron acceder a todos los documentos de obra, incluyendo planos, memorias de cálculo y libro de obra; el resguardo de registros de cámaras de seguridad —tanto públicas como privadas— en la zona del hecho y durante el retiro de escombros, y la recolección de testimonios de vecinos y testigos presenciales.
Las muestras del informe técnico
De las muestras recabadas en el informe técnico, se desprendió que la falla pudo haber sido por "sobrepeso y falta de mantenimiento". Este sobrepeso puede deberse a la acumulación de agua que no drenaba y generaba las filtraciones, aunque no está probado.
Según describió, los daños detectados en la zona del derrumbe incluían fisuras verticales y horizontales en paredes externas, filtraciones de agua, manchas de humedad y sectores donde la viga aparecía sólo con los hierros sin el hormigón que debería cubrirlos.
Sobre la losa se detectó un relleno de 40 centímetros de suelo, cubierto por una capa tipo laja. Esta sobrecarga, combinada con filtraciones, profundizó el deterioro y fue señalada como posible causa del colapso.
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