El caso de Agostina Páez, la abogada argentina de 29 años que quedó retenida en Brasil tras un episodio ocurrido en un bar de Ipanema, escaló rápidamente de un conflicto nocturno a un hecho judicial de alto impacto mediático. Sus declaraciones públicas, sumadas a la difusión de videos y a la firme respuesta de la Justicia brasileña, reavivaron el debate sobre el racismo, la responsabilidad individual y las consecuencias legales de los actos discriminatorios en espacios públicos.
Todo comenzó durante una salida nocturna en la zona sur de Río de Janeiro. Páez, oriunda de Santiago del Estero, se encontraba junto a un grupo de amigas en un boliche cuando, según su propio relato, surgió una discusión al momento de retirarse del lugar. “Pagamos la entrada y todo lo que consumimos. Cuando estábamos por salir, nos retienen y nos dicen que con la pulsera había cosas que no habíamos pagado. Nosotras habíamos pagado todo en el momento. Tengo los comprobantes, con los horarios y todo”, aseguró la joven en diálogo con el diario El Liberal.
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De acuerdo con su versión, la situación se tornó tensa cuando ella y sus amigas comenzaron a reclamar lo que consideraban un cobro indebido. “Empezamos a decirles que nos estaban robando, que eran unos ladrones. Ellos se nos reían en la cara. Pagamos de todos modos”, relató.

Sin embargo, el conflicto no terminó allí. Páez sostuvo que, al salir del local, empleados del bar comenzaron a seguirlas por las escaleras y a realizar gestos obscenos. “Se agarraban los genitales, nos señalaban y se reían. Ahí es cuando yo hago ese gesto. No los llegaba a ver bien. Los gestos eran más para mis amigas”, explicó.
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Ese momento fue registrado por las cámaras de seguridad del lugar y luego denunciado por el personal del bar. Según la reconstrucción realizada por medios brasileños como O’Globo y G1, los gestos y expresiones de la joven fueron interpretados como racistas.
En particular, se le atribuye haber utilizado la palabra “mono”, considerada un insulto de fuerte carga discriminatoria en el contexto brasileño. Ante esta situación, el gerente del local pidió a Páez que permaneciera en el establecimiento mientras revisaban las imágenes, y posteriormente radicó la denuncia ante la policía.

La intervención de la Justicia fue rápida. El caso quedó en manos de la 11ª Delegación Policial de Rocinha, que solicitó medidas cautelares para garantizar el avance de la investigación. Como consecuencia, a la abogada argentina le fue retenido el pasaporte y se ordenó la colocación de una tobillera electrónica, medida que deberá cumplir mientras dure el proceso. Además, se le prohibió abandonar el país.
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Páez reconoció el impacto que esta exposición tuvo en su vida cotidiana. “Ahora estoy encerrada en un departamento porque sé que en todos los medios brasileros está mi cara, mi nombre”, confesó.
La abogada también aseguró estar atravesando una situación de extrema angustia. “Estoy recibiendo muchísimas amenazas. Cerré mis cuentas. Estoy muerta de miedo, literal”, afirmó. Según relató, al momento de prestar declaración le advirtieron que, si intentaba salir del país en avión, sería detenida. “Por ahora voy a tener este proceso en libertad. Tengo mi DNI, pero no puedo salir de Brasil. Y la semana que viene me van a poner la tobillera electrónica”, agregó.
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Más allá de su defensa de los hechos previos al incidente, Páez expresó arrepentimiento por su reacción. “Obviamente ha sido la peor reacción. Estoy muy arrepentida de esa reacción”, admitió. No obstante, insistió en que no tuvo la intención de dirigir los gestos al personal del bar. “No debería haber reaccionado así. No quise hacerles las señas a ellos directamente. Era por la euforia, por el momento vivido, y era para mis amigas”, remarcó.
Desde la óptica judicial, el caso se inscribe dentro de la política de tolerancia cero que Brasil aplica frente a actos de racismo y discriminación. La legislación local considera estos comportamientos como delitos graves, con sanciones que pueden incluir penas de prisión.
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Las autoridades brasileñas confirmaron que la investigación continuará durante las próximas semanas. El Ministerio Público evalúa, además, la posibilidad de avanzar con cargos formales por discriminación racial, lo que podría agravar la situación penal de la joven argentina.
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