El titular de la de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°61, Martín López Perrando, no puede imputar a nadie por el crimen de Diego Fernández Lima porque está prescripto, pero sí pidió indagar a Cristian Graf, ex compañero de la víctima que vive en la casa de Coghlan donde se hallaron los restos del adolescente que desapareció en 1984. ¿Por qué?
Para el fiscal existen indicios de que Graf realizó maniobras para encubrir el homicidio de Diego Fernández Lima y ocultar pruebas después del hallazgo de los restos óseos en su propiedad el 20 de mayo de 2025.
Entre esos indicios, que se apoyan en pruebas forenses, testimonios y documentación que vinculan a Graf con la víctima y el lugar del hallazgo, son los que el fiscal menciona:
- Conocía la existencia del cadáver en el fondo de su casa.
- Hizo manifestaciones para desviar la investigación desde el momento del hallazgo, con el fin de “garantizar la impunidad” de quien o quienes cometieron el homicidio.
- Mostró preocupación antes de que se encontraran los restos y pidió a los obreros que no cortaran un árbol cercano a la medianera.
- Dio versiones contradictorias sobre cómo pudieron haber llegado los restos allí.
- Mantuvo silencio absoluto desde el 20 de mayo hasta la actualidad, pese a su vínculo con el lugar de inhumación.
Por eso, le solicitó al juez Alejandro Litvack, a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal N°56, según el portal fiscales.gob.ar., que se lo cite a declarar en indagatoria por los delitos de encubrimiento agravado y supresión de evidencia, que tienen una pena en expectativa de 1 a 6 años y de 1 mes a 4 años de prisión, respectivamente.
En su dictamen, López Perrando sostuvo que, aunque no fue posible determinar la autoría material del homicidio, sí se acreditó que la víctima “fue asesinada y ocultada en el interior de la finca que habitó y habita” Graf y su familia.
Así, considero que el ex compañero de la víctima ejecutó “diversas maniobras tendientes a encubrir la averiguación de la verdad” inmediatamente después del hallazgo de los restos.
También afirmó que realizó manifestaciones para desviar la investigación “con la inequívoca finalidad de garantizar la impunidad de su/s autor/es” y que “buscó silenciar el crimen de Diego Fernández”.
El escrito detalla que, cuando comenzaron trabajos de excavación en un terreno lindero a su vivienda, el acusado se mostró “preocupado” y advirtió a los obreros que no cortaran un árbol cercano a la medianera.
Tras el hallazgo, habría ensayado distintas explicaciones, desde la existencia de una iglesia donde se habrían enterrado personas hasta la versión de que los restos llegaron inadvertidamente cuando solicitó tierra para rellenar su terreno.
La investigación
La investigación estableció que el imputado y Fernández Lima fueron compañeros en la Escuela Nacional de Educación Técnica N°36 y compartían interés por las motos. Para el fiscal, las coincidencias confirmaron que el acusado conocía la existencia del cadáver en el fondo de su casa.
El caso se inició el 20 de mayo de 2025, cuando obreros que trabajaban en una obra lindera en avenida Congreso 3748 encontraron restos óseos humanos durante tareas de remoción de sedimentos. El arquitecto responsable y un obrero notificaron a la Policía de la Ciudad tras observar un cráneo y otros huesos a unos 80 centímetros de profundidad, cerca de la medianera que separa ambos terrenos.
El personal policial secuestró los restos junto a objetos personales, entre ellos un reloj, un llavero, una llave y fragmentos de calzado. El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) intervino en la excavación y determinó que el enterramiento original se encontraba completamente dentro del predio de avenida Congreso 3742, propiedad de la familia Graf desde 1974.
El informe pericial estableció que los restos pertenecían a un varón de entre 15 y 19 años, de 1,71 a 1,77 metros de estatura, con lesiones perimortem compatibles con un ataque cortopunzante y múltiples cortes en huesos, indicativos de un intento de desmembramiento.
El EAAF concluyó: “el enterramiento original se encuentra completamente ubicado dentro del predio contiguo, en dirección este, fuera de los límites operativos del obrador”.
La investigación identificó a los moradores históricos de la vivienda: la familia Graf. Y el cotejo de ADN realizado por el EAAF, a partir de una muestra de sangre de la mamá de Diego, permitió identificar los restos con una probabilidad superior al 99,99%.
Testimonios de familiares y ex compañeros de Diego Fernández confirmaron que la víctima y Graf cursaron juntos el segundo año en la ENET N°36 “Almirante Brown” en 1983.
Durante la investigación, la Fiscalía recabó testimonios de obreros y responsables de la obra lindera, quienes relataron que Cristian Graf intentó desviar la atención sobre el origen de los restos, sugiriendo hipótesis alternativas. El dictamen fiscal consideró estas explicaciones “absolutamente inverosímiles” y destacó que “denotan un claro conocimiento previo de la existencia de los restos óseos en el lugar; así como una intención deliberada de desviar la atención y generar hipótesis falsas que relativizaran o confundieran su hallazgo”.
El análisis forense detalló lesiones en la cuarta costilla derecha, húmeros, clavícula, omóplato y fémures, todas compatibles con traumas cortopunzantes y cortantes. El fiscal López Perrando sostuvo: “Existe una afirmación insoslayable y es que Diego Fernández fue asesinado tras ser atacado con un elemento cortopunzante, luego se lo intentó desmembrar para ocultar el cadáver y finalmente fue enterrado”.
La Fiscalía consideró que, si bien no se pudo determinar la autoría material del homicidio, la conducta de Graf desde el hallazgo de los restos constituyen indicios claros de encubrimiento agravado y supresión de evidencia.
El caso permaneció sin resolver durante más de cuatro décadas y se encamina a la verdad.
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