En Mendoza la justicia avanza en una causa que investiga la falsificación reiterada de certificados médicos para habilitar a futbolistas menores de edad a competir en la Liga Mendocina de Fútbol (LMF).
La trama salió a la luz tras una denuncia presentada por una médica del municipio de Maipú, quien advirtió que su nombre, firma y sello profesional habían sido utilizados sin su consentimiento en decenas de documentos vinculados a estudios cardiológicos requeridos para fichar a menores de edad en distintos clubes.
Según los investigadores, los certificados eran requeridos a los padres de los chicos como parte del trámite obligatorio para que sus hijos pudieran participar en torneos oficiales. De acuerdo a la hipótesis del caso, los responsables ofrecían un servicio de estudios médicos sin pasar por un control profesional real.
El estudio médico debía incluir un electrocardiograma firmado por una profesional habilitada. “Mandaban a los padres a hacer un estudio del corazón, y siempre venía con el sello de la misma médica. Era una médica que pertenecía a la Municipalidad de Maipú”, describieron fuentes del caso a Infobae.
Las presentaciones se realizaban club por club y los informes eran firmados con el nombre y sello de la médica denunciante. La investigación se centra ahora en determinar cuántas personas participaron de la maniobra, cuánto tiempo llevaba ejecutándose y si existió un circuito organizado dentro de las instituciones involucradas.
“Primero es un negocio, ofrecían el servicio. Después, no te lo completaban o no te lo hacían, y en caso de que te lo hagan, era trucho”, señalaron. Los hechos se remontan al menos al año 2022, aunque todavía no se determinó con precisión la extensión temporal de la práctica.
Sin embargo, fue esa misma profesional quien advirtió la irregularidad y denunció la situación. “Cuando ella se da cuenta de que no los revisó, entonces hace la denuncia y dice: ‘Están falsificando mi profesión, mi actividad. Yo no soy la que firma’”, explicaron desde la investigación.
A partir de ese momento, se abrió un expediente que derivó en allanamientos y secuestro de documentación, tanto física como digital.
Las dimensiones del caso preocupan a los investigadores. Hasta el momento se detectaron 112 planillas completas y más de 900 documentos secuestrados, en su mayoría vinculados a fichajes de jugadores juveniles.
Se estima que habría cerca de mil jugadores involucrados, ya que muchos de los documentos contienen nombres repetidos o están vinculados a estudios complementarios. “Te podés encontrar 800 jugadores, porque los demás son certificados… y son más de 900”, precisaron voceros judiciales.
De acuerdo a la investigación liderada por la Unidad Fiscal de Delitos No Especializados, la maniobra involucraría a integrantes del Sindicato de Trabajadores Municipales de Maipú, entre ellos una persona sindicalizada, una médica y dos empleadas municipales. Todas fueron notificadas de su imputación por los delitos de estafa reiterada, uso de documento privado falso y falsificación reiterada.
Las medidas restrictivas dictadas por la fiscalía incluyen la prohibición de salir del país y la obligación de comparecer mensualmente ante el Ministerio Público.
Además, se les otorgó un plazo de cinco días para rendir caución, con montos que ascienden a 50 millones de pesos en el caso de la persona del sindicato, 20 millones para la médica y 10 millones para cada una de las empleadas. En paralelo, se solicitó al juez interviniente la inhibición general de bienes de los imputados.
El caso también puso en la mira el papel de la Liga Mendocina de Fútbol, entidad que exige a los clubes la presentación de certificados médicos como condición para habilitar a los jugadores.
Parte de la documentación secuestrada fue hallada en la sede de la LMF, lo que podría abrir un nuevo frente en la causa. No se descarta que surjan nuevas imputaciones a medida que se analicen los documentos incautados. La investigación permanece en curso.
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