El Juzgado de Garantías N° 6 de Morón resolvió este jueves convertir en prisión preventiva la detención del abogado influencer, Matías Rodrigo Giovanelli y otros tres miembros de su banda de “caranchos top” dedicada a estafar víctimas de accidentes y aseguradoras.
De acuerdo a la resolución a la que accedió Infobae, Giovanelli -sindicado como el líder de la organización- seguirá preso mientras avanza la investigación y será alojado en un penal de la provincia. La misma situación aplica a su cómplice Juan Carlos Cavallo.
En cambio, Reynaldo Antonio Falcone y Ariana Frank, los otros imputados, cumplirán la medida en prisión domiciliaria y con tobillera electrónica. La única excarcelada fue la abogada Susana Alejandra Beatriz Lucas.
Todos están acusados de integrar la banda que utilizaba documentos falsos en perjuicio de la aseguradora Federación Patronal Seguros S.A.U. En este sentido, la decisión de la Justicia se produce tras una extensa investigación iniciada a partir de la denuncia presentada por la apoderada de la aseguradora, quien detectó un patrón de reclamos fraudulentos respaldados por poderes notariales apócrifos y documentación médica y presupuestos mecánicos falsificados.
El expediente, tramitado en la Unidad Funcional de Instrucción N° 5 de la Fiscalía General Departamental, detalla al menos once hechos entre 2022 y 2025, en los que los imputados habrían simulado siniestros viales para obtener indemnizaciones y honorarios de manera ilegítima.
Según la resolución, Juan Carlos Cavallo y Reynaldo Antonio Falcone enfrentan cargos por uso reiterado de documento privado falso, estafas reiteradas, uno de ellos en grado de tentativa.
La abogada excarcelada, Susana Alejandra Beatriz Lucas, por su parte, fue imputada por uso de documento privado falso y tentativa de estafa.
En tanto, Matías Rodrigo Giovanelli y Ariana Frank deberán responder por estafas reiteradas en grado de tentativa, en calidad de coautor y partícipe necesario, respectivamente.
El fallo detalla que los imputados, en su mayoría abogados, habrían presentado poderes judiciales falsificados para representar a supuestos damnificados en reclamos ante la aseguradora.
En varios casos, las escribanas cuyos sellos y firmas figuraban en los documentos negaron haberlos confeccionado. Una de ella declaró: “Pude corroborar que efectivamente esos poderes eran absolutamente falsos, ya que yo nunca los había firmado y tampoco conozco a los abogados ni a las partes involucradas en los mismos”.
Otra manifestó que solo tres de los veinticinco poderes presentados guardaban verosimilitud con la escritura matriz, y que el resto “eran totalmente falsos y contaban con una burda similitud en el trabajo de edición, modificando texto, imagen de fojas, firmas y sellos”.
La investigación también reveló la existencia de una red de captación de personas dispuestas a simular accidentes a cambio de dinero, coordinada a través de redes sociales y aplicaciones de mensajería.
Los pagos a los supuestos damnificados se realizaban mediante transferencias desde una cuenta de MercadoPago a nombre de Micaela Carla Palmisano, quien también figura como imputada en la causa. El expediente incluye capturas de pantalla de conversaciones y comprobantes de pago, así como testimonios de empleados de la aseguradora y de la propia denunciante.
Durante la instrucción, los imputados hicieron uso de su derecho a no declarar, salvo Reynaldo Antonio Falcone, quien negó los cargos y atribuyó la responsabilidad a su exyerno, alegando que solo le facilitó su condición de abogado y sus datos personales.
El tribunal consideró inverosímil esta versión, señalando que Falcone “no negó la existencia de los hechos, sino que deslindó la totalidad de su responsabilidad hacia su exyerno”.
El juez consideró que existen “elementos de convicción suficientes para sostener la probable intervención penalmente responsable de los causantes en la comisión de los eventos que se le imputan”.
Entre los argumentos para dictar la prisión preventiva, el magistrado valoró la gravedad de los hechos, la reiteración de las conductas y el riesgo de entorpecimiento de la investigación.
La resolución ordena el alojamiento de Juan Carlos Cavallo y Matías Rodrigo Giovanelli en una unidad carcelaria de la provincia, mientras que Reynaldo Antonio Falcone y Ariana Frank continuarán bajo arresto domiciliario con sistemas de vigilancia ya dispuestos.
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