El juez de audiencia de Santa Rosa (La Pampa), Andrés Olié, condenó al comisario Cristian Martín Galván a un año y tres meses de prisión en suspenso por el delito de abuso genérico de autoridad. Se trata del policía que hizo trabajar a detenidos en su fiesta de casamiento.
Además, Galván fue inhabilitado de forma especial para ejercer cargos o empleos públicos durante dos años y seis meses. La investigación determinó que cuatro presos detenidos en la subcomisaría de Lonquimay colaboraron en la celebración.
La sentencia estableció que, durante dos años, Galván deberá fijar domicilio y someterse al control del Ente de Políticas Socializadoras debido a la condicionalidad de la pena. Asimismo, se notificó la resolución a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas.
El fallo se basó en pruebas reunidas durante el juicio oral. Olié consideró acreditado que Galván, jefe de la subcomisaría de Lonquimay en ese momento, solicitó a Manuel Urrutia, Claudio Araneda, Denis Álvarez Pérez y Oscar Dante Sánchez —personas privadas de libertad— colaborar en el pub Veneto para distintas tareas durante el almuerzo de su casamiento. Los detenidos permanecieron en el lugar entre las 9 y las 18.
La pena coincidió con el pedido del fiscal general Guillermo Sancho, quien consideró probada la acusación. La defensa, representada por Alberto Emanuel Morales y Marcos Bertolotti, había solicitado la absolución del inspector por el beneficio de la duda.
Según consta en la sentencia, la jueza de ejecución Marisol Rodríguez, a cargo de la supervisión de los detenidos, informó que ninguno de ellos poseía autorización ese día para realizar diligencias fuera de la dependencia.
El juez señaló que, aunque algunos testigos ofrecieron versiones distintas, las declaraciones de tres policías y tres de los cuatro presos resultaron compatibles con la acusación fiscal. Por su parte, familiares y amigos del acusado aseguraron que los internos no colaboraron en la organización del evento.
Sin embargo, Olié remarcó que existió coincidencia entre los relatos de los agentes y los detenidos. Y especificó que parte de los hechos solo se conocieron mediante los testimonios de los internos.
Sobre la calificación jurídica, el magistrado indicó que “no puede pensarse que se trató de una mera propuesta que los presos podían aceptar o rechazar libremente”. Se refirió a la relación de poder existente y citó la frase de un testigo: “Fueron porque se los pidió el jefe Galván”.
En relación con el argumento esgrimido por la defensa, que Galván se encontraba de licencia por matrimonio el día del hecho y, por tanto, no ejercía autoridad, el magistrado determinó que esta circunstancia no anuló la condición abusiva de la acción, sino que incluso la agravó.
El caso
El jefe de la subcomisaría de Lonquimay, en La Pampa, organizó su casamiento y recurrió a una insólita solución para ahorrar costos: ordenó a seis detenidos que prepararan el asado, sirvieran el almuerzo y limpiaran el salón. Los presos caminaron sin custodia hasta el lugar y, tras la fiesta, regresaron por sus propios medios a sus celdas.
Ocurrió el viernes 31 de mayo de 2024 en Lonquimay, un pueblo de dos mil habitantes ubicado sobre la ruta nacional 5, a unos 65 kilómetros de Santa Rosa, capital de La Pampa. El oficial inspector Cristian Martín Galván contrajo matrimonio y, para celebrarlo, organizó una fiesta en un salón de eventos situado a una cuadra de la dependencia policial, ubicada sobre la calle Estanislao Zeballos.
Para reducir los gastos, ordenó a los detenidos que tenía bajo custodia que trabajaran durante la celebración. Curiosamente, los presos llegaron caminando, algunos sin custodia, y al finalizar la fiesta regresaron por sus propios medios para continuar detenidos.
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